Amables lectores, ¡Les saludo con el gusto de siempre! Los seres humanos constituimos el bien supremo de la sociedad y del Estado; y prevenir, investigar, sancionar y reparar la transgresión a nuestros derechos fundamentales y humanos, les corresponde a las autoridades, tal como lo señala el párrafo 3ro del artículo primero de la Constitución de nuestro país.

Por lo que en México, se han creado procedimientos y organismos que protegen los derechos humanos como lo son: el juicio de amparo visto como un medio de protección constitucional y como un método de control, la institución del “Ombudsman”, que tiene como tarea esencial proteger a las personas contra los abusos o actos arbitrarios de la administración pública, que pueden afectar sus derechos y garantías fundamentales.

Este organismo del Ombudsman, recibe diversos nombres en cada país, se le conoce
como:

• Procuraduría de los Derechos Humanos
• Comisión de los Derechos Humanos
• Defensoría del Pueblo
• Defensoría de los Habitantes.

Acompañando a los procedimientos y organismos antes mencionados, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, son un factor preponderante, pues hay que recordar que las Convenciones, Tratados y Acuerdos en la materia que nos ocupa, persiguen como fin un orden público común, que tiene como destinatarios a los seres humanos y su cumplimiento es obligatorio.

Nuestro país se ha destacado por ratificar un gran número de tratados en materia de derechos humanos y las preguntas que saltan a la vista son:

  • ¿De qué sirve que los países ratifiquen y firmen los instrumentos de derechos humanos, y
    a la hora de aplicarlos no lo hacen?
  • ¿Serán los funcionarios lo que incurren en omisiones cuando se trata de aplicarlos?

Un factor que vale la pena señalar respecto al incumplimiento, es la débil formación académica de los impartidores de justicia en derecho internacional público, privado y en derechos humanos específicamente, por lo que, es necesario que los institutos de capacitación judicial de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apuesten más por ofertar curso, talleres, diplomados, Maestrías y Doctorados para capacitar a personal judicial así como a los altos funcionarios, Jueces, Magistrados y Ministros, y les exijan a los impartidores de justicia la preparación constante para efecto de su permanencia y mejora laboral. Si bien es cierto, que la carga de trabajo en los tribunales es infinita, también lo es, que la administración de justicia debe tener como objetivo primordial la restitución del derecho violentado lo más pronto posible. Y ante la tardanza en la resolución de los asuntos, debería ser posible acudir a instancias supranacionales como la Comisión Interamericana, lamentablemente, se deben agotar las vías ordinarias internas para poder acudir a esas instancias internacionales tal como lo establece el artículo 46 del Pacto de San José (Convención Americana de los Derechos Humanos).

El acceso a la justicia debería ser un aspecto que los tribunales fomentaran y que los impartidores de justicia en el ámbito de sus atribuciones promovieran, explorando nuevas fronteras de protección de los derechos de los sectores más vulnerables de nuestro país. 

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos se deben dejar de ver como imposiciones de extraños a las normas internas, ya que son instrumentos que nos ayudan a alcanzar la justicia.

*Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.

Comentarios:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Twitter: @apjorge/ facebook: Jorge Pinto