Amables lectores, ¡les saludo con el gusto de siempre! Las autoridades sanitarias mexicanas confirmaron el viernes pasado los 2 primeros casos de coronavirus (covid-19) tras el resultado positivo que arrojó un hombre de 35 años en Ciudad de México y otro en Sinaloa.
Epidemias como el covid-19 ponen a prueba los sistemas de salud en todo el mundo y en el caso de México, es una llamada de atención que debe forzar al sistema de salud a inspeccionar, vigilar, reforzar y a maximizar la cobertura sanitaria, ya que, las autoridades gubernamentales están obligadas a garantizar el derecho a la salud de la población obedeciendo las disposiciones de
derecho internacional al igual que las de derecho doméstico.
Respecto a la obligación de asegurar una inspección, vigilancia y control en la prestación del servicio de salud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción”,
deber que “abarca tanto a las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos de salud, como aquellas instituciones que se dedican exclusivamente a servicios privados de salud”. La Corte ha señalado que si bien los Estados pueden delegar la prestación de servicios públicos, “a través de la llamada tercerización, mantienen la titularidad de la obligación de proveer los servicios públicos y de proteger el bien público respectivo”, en este caso, la salud. Por todo ello, la Corte indicó:
Los Estados son responsables de regular y fiscalizar con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud. Deben, inter
alia, (entre otros) crear mecanismos adecuados para inspeccionar las instituciones psiquiátricas, presentar, investigar y resolver quejas y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales apropiados para casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32459.pdf
Lo anterior, dando observancia a lo establecido en el artículo de 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
La Constitución de nuestro país en el artículo 4to y la Ley General de Salud, mandatan la protección de la salud, sin embargo, en los últimos años, hemos tenido una crisis de servicios salud, ya que, no hay suficiente personal médico en hospitales, así como en comunidades alejadas de las ciudades, los medicamentos no son suficientes para atender la demanda de la población que
hace uso de los servicios públicos de salud, hay lista de espera para intervenciones quirúrgicas y los hospitales son insuficientes. Por lo que, dadas las circunstancias de epidemias como el coronavirus (covid-19) que a quejan en varias naciones del mundo y atendiendo a la 3ra meta de los Objetivos de Desarrollos Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, respecto a la salud; es necesario replantear la política de salud que se sigue en nuestro país, se debe dar cobertura sanitaria universal, pues no es posible seguir permitiendo que las personas más pobres paguen de manera desproporcionada los servicios médicos, se debe contar con instrumentos de medición, que permitan tener una capacidad sólida para prevenir, detectar y responder a los brotes de
enfermedades que pueden amenazar a las naciones y poner el mundo en riesgo, se debe trabajar en un sistema de salud que proporcione los servicios que las personas requieran y no lo que los proveedores decidan que necesitan, no entrar en pánico, ser mesurados, estar atentos y seguir las recomendaciones para prevenir posibles contagios.
enfermedades que pueden amenazar a las naciones y poner el mundo en riesgo, se debe trabajar en un sistema de salud que proporcione los servicios que las personas requieran y no lo que los proveedores decidan que necesitan, no entrar en pánico, ser mesurados, estar atentos y seguir las recomendaciones para prevenir posibles contagios.
Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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