Los olvidados y el COVID-19

Amigos lectores, la pandemia de COVID-19, acentúa las desigualdades que existen a lo largo y lo ancho del país, y es precisamente en las regiones más apartadas a las ciudades, donde la precariedad de bienes y servicios es más visible, particularmente, en los pueblos originarios, en los que casi no hay agua potable y en algunos casos la poca agua de sus mantos acuíferos es explotada por empresas refresqueras como: Coca Cola (verhttps://www.sinembargo.mx/03-10-2017/3310826).

Los habitantes de la zona de los Altos de Chiapas, son una de las comunidades más pobres de México, con altos índices de desnutrición y ocupa el primer lugar en el país por consumo de refrescos de cola. https://www.sinembargo.mx/30-12-2018/3516856

El consumo excesivo de refresco en los pueblos originarios ha desencadenado enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad, dichas enfermedades, podrían hacer vulnerable a ese sector de la población en caso de contagios de coronavirus, ya que, los servicios hospitalarios están alejados de las comunidades indígenas, y en las zonas metropolitanas de las ciudades tienen un número limitado de infraestructura e insumos para atender a los pacientes de COVID-19, por lo que, algunas comunidades de pueblos originarios de Náhuatl, maya, zapoteca, huichol o purépecha han optado por el aislamiento, esta medida descansa en sus leyes de usos y costumbres que tienen su sustento en el artículo 2º de nuestra Constitución, que estable el derecho de libre determinación de los
pueblos, una disposición de derecho fundamental que tiene relación con las disposiciones de derechos humanos previstas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y lo señalado en el artículo 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En México, el 17.8% de la población es indígena y el 25% de los hablantes de lengua indígena no saben leer ni escribir. Los pueblos originarios son una población cuya dimensión en realidad casi nadie conoce con exactitud, pero que, podría oscilar entre los 10 millones de personas según las fuentes oficiales y alcanzar hasta casi 16 millones de acuerdo a otros investigadores: todo depende
de cómo se clasifique a dicha población y los criterios y parámetros que para tal efecto se utilicen. Entre las lenguas indígenas más habladas están el náhuatl (23.4 % de la población hablante), maya (11.6 %), tseltal (7.5 %), mixteco (7.0 %) y tsotsil (6.6 %). http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/retalco_II.pdf .

 

En el país, casi una quinta parte de la población indígena es analfabeta. Uno de cada cuatro hablantes de lengua indígena no sabe leer ni escribir y su grado de escolaridad promedio es quinto de primaria. (Panorama educativo de la población indígena y afrodescendiente, UNICEF-INEE, 2018).

Los pueblos originarios experimentan un alto grado de marginación socioeconómica y corren un riesgo desproporcionado en las emergencias de salud pública, haciéndose aún más vulnerables durante esta pandemia, debido a factores como su falta de acceso a sistemas eficaces de vigilancia, alerta temprana y a servicios sanitarios y sociales adecuados.


Es así, en la medida que aumenta el número de contagios por el COVID-19 en el país, así como las tasas de mortalidad entre ciertos grupos vulnerables con problemas de salud subyacentes, es importante que el sector salud sea más inclusivo con las comunidades indígenas de México y cuente con una base de datos del origen étnico de los contagiados, la lengua indígena que hablan, que se equipen las unidades médicas cercanas a las comunidades indígenas para no menoscabar su derecho a la salud, contar con personal médico que hable lenguas indígenas, mejorar las redes hidráulicas para abastecer de agua a todas las comunidades indígenas, proporcionar insumos tales como cubre bocas, jabón y mejorar los programas de divulgación preventivos del gobierno federal y local, a través de medios auditivos en lenguas indígenas, atendiendo a la población que no sabe leer y escribir.

 

  • Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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