Amigos lectores, aprovecho esta columna, para mandar un saludo fraterno a mis amigos Omar, Mary, Alejandro, Fabiola y Armando, ellos, me han enseñado a ver el mundo desde otra perspectiva, ya que, los tres primeros son ciegos y los dos últimos tienen discapacidad motriz.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias que afectan una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad para ejecutar tareas y las restricciones de la participación en situaciones vitales.
La neuroterapeuta Marta Elena Valverde opina que; “existe muy poca cultura sobre la discapacidad, puede que una persona tenga una discapacidad motriz severa, pero con una gran inteligencia y capacidad de desarrollo intelectual y, sin embargo, se le estigmatiza y no se le da la oportunidad de crecimiento”.
En México hay 7.7 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales 54.2% corresponde a mujeres y 49.9% son adultos mayores, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2018).
Existen instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de las personas con discapacidad tales como: la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en nuestro derecho interno, el artículo 1º constitucional y fundamental, prohíbe todo tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, y la Ley General de Personas con Discapacidad, establece las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.
Sin embargo, las personas con discapacidad se enfrentan a desigualdades, en el acceso a la atención de la salud durante la pandemia debido a la inaccesibilidad de la información y los entornos sanitarios, así como a directrices y protocolos médicos selectivos que pueden aumentar la discriminaciónen su acceso a servicios de salud.
Asimismo, Las personas con discapacidad tienen menos probabilidades que otras de estar empleadas y, cuando están empleadas, es más probable que lo estén en el sector informal. En consecuencia, tienen menos acceso al seguro social, lo que, reduce su capacidad de recuperación económica en el actual contexto de COVID-19. La falta de ingreso representa una carga desproporcionada para las personas con discapacidad y sus hogares que normalmente enfrentan gastos adicionales, relacionados con la discapacidad (vivienda y equipos accesibles, dispositivos de asistencia, bienes y servicios específicos, etc.), lo que los lleva más rápidamente a la pobreza.
En el aspecto educativo, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades que otras de completar la educación, y más probabilidades de quedar totalmente excluidas de la escolarización, debido al COVID-19, la mayoría de los países han cerrado temporalmente las instituciones educativas afectando a todos y todas las estudiantes, incluidas aquellas con discapacidad. A
fin de reducir el impacto de la interrupción de la educación, se han adoptado prácticas de aprendizaje a distancia. Sin embargo, en estos casos, las estudiantes con discapacidad enfrentan barreras debido a la ausencia del equipo necesario, del acceso a Internet, de los materiales adeacuados. En consecuencia, muchas estudiantes con discapacidad se están quedando atrás, en particular, aquellas con discapacidad intelectual.
Para no dejar en estado de indefensión a este sector de la población, es necesaria, la cooperación intersecretarial para realizar un registro nacional de personas con discapacidades y la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social Y el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) tienen un quehacer esencial, vale la pena señalar que en el Senado ya se aprobó la creación de un Registro Nacional de Población con Discapacidad, que hasta la fecha no ha dado frutos. Entre menos casos registrados de manera oficial existan, menos acceso tenemos a presupuesto y políticas que beneficien a este sector.
Además, los gobiernos locales deben poner mayor atención en la población con discapacidad para facilitar sus trayectos en la vía pública, incorporando acústica a los semáforos, señalética en sistema braille y adecuar pasos peatonales para ciegos.
Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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