A pesar de la pandemia por la COVID-19, durante casi todo este año, la incidencia delictiva no ha disminuido en la mayor parte del país, incluso, se podría decir que aumentó en este confinamiento, ya que la violencia interpersonal (asaltos, violencia familiar y delitos sexuales), la violencia oportunista (robo y extorsión), y los conflictos de cárteles (narcomenudeo, homicidios, conflictos armados entre grupos criminales) se han incrementado, tal como lo ha documentado el Informe de índice de Paz 2020.

 

                        El impacto económico de la violencia en México, es ocho veces mayor que el gasto público en salud y seis veces mayor que el gasto en educación. En términos económicos, se podría decir que 2019, la violencia, ascendió a 4.57 billones de pesos, equivalente a 21.3 % del Producto Interno Bruto Nacional. Por lo que, el impacto económico de la violencia fue de 36 mil 129 pesos por persona, equivalente a cinco salarios mínimos mensuales.

 

                        The Institute for Economics and Peace en su estudio Índice de Paz México 2020, señala, que el nivel de paz en México se ha deteriorado 27.2 % en los últimos cinco años, principalmente, por la tasa de homicidios que aumentó en 86 % al pasar de 15 muertes por tasa de 100 mil habitantes en 2015 a 28 en 2019, donde la tasa de delitos sexuales se incrementó en un 60 %.

                        Asimismo, Índice de Paz México 2020, refiere que desde el 2015, la tasa de crímenes de la delincuencia organizada se ha incrementado 46 %, donde los delitos de narcomenudeo crecieron 75 % y la violencia con armas de fuego creció 117 %, además, el homicidio es la principal causa de muerte entre personas de 15 a 44 años, y la cuarta más frecuente entre niños de 5 a 14 años. México, solo gasta 0.7 % del PIB en seguridad y justicia, la tasa más baja entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El número de detenidos sin sentencia creció 24.9 % durante 2019.

                        Los números aquí presentados son oficiales, México vive una crisis en materia de seguridad, por lo que es necesario invertir más recursos en capacitación, mejora continua, supervisión, mejor infraestructura, en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

                        En el ámbito de la seguridad pública, se deben hacer efectivos los convenios de colaboración entre el gobierno Federal, los gobiernos estatales y los municipales, en los que, la máxima, sea velar por la seguridad de los ciudadanos y dejar de lado los colores partidistas o diferencias políticas, que solo propician vacíos que aprovechan los que delinquen para permanecer en la impunidad.

                        Asimismo, los cuerpos policiales civiles deben tener una capacitación y supervisión constante para brindar una eficaz y eficiente atención a la población, que les permita escalar en rangos dentro de sus corporaciones y en mejoras salariales.

                        Respecto al personal de las Fiscalías, se debe facilitar la presentación de denuncias y para tal efecto, es necesario tener unidades móviles para recepción de denuncias, contratar más personal de apoyo al Ministerio Público, supervisar su actuación para evitar rezagos y revictimización de quienes reclaman justicia. 

                        Además, los jueces no deben incurrir en arbitrariedades con los sujetos procesales en las audiencias, fomentando en todo momento el respeto y aplicando debidamente la ley.

                        Debemos recuperar la confianza en la seguridad pública y en la procuración de justicia, tener la certeza de que, al denunciar conductas delictivas habrá investigación, y en caso de responsabilidad, se sancionará conforme a derecho y que no se sustraigan de la acción de la justicia aquellos que delinquen una y otra vez.

                       

  • Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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