Hoy, treinta de agosto, es el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas. Una desaparición es una forma de sufrimiento doblemente paralizante: para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia, un sufrimiento constante por sus seres queridos, y cuyas emociones van de la esperanza a la desesperación, aguardando durante años noticias que tal vez, nunca lleguen…
De acuerdo a la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992; y, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en su artículo 4to, fracción XV, se producen desapariciones forzadas siempre que "se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego, se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley".
La desaparición forzada de personas en nuestro país, es un fenómeno que se ha suscitado desde la mitad del siglo XX, principalmente por expresarse en contra de las formas de gobierno, pero, a partir del periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, las cifras de desaparecidos se incrementaron de manera relevante, y las causas de dichas desapariciones son muy variadas, ya que, en estos delitos no solo intervienen agentes del estado, sino también, el crimen organizado y particulares que tienen intereses económicos en regiones del país.
“La antropóloga Olimpia Muñoz Ojeda ha documentado que algunas causas de desapariciones tienen que ver con concesiones mineras, tala de árboles y despojo de tierras”. Sin embargo, vale la pena subrayar que también es producto principalmente de la corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y la colusión de servidores públicos con grupos delictivos, que han contribuido de manera importante, en el incremento de este delito y que está relacionado con otros como: narcotráfico, trata de personas, tortura, privación de la vida, entre otros.
En una desaparición pueden violentarse: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la vida en caso de muerte de la persona desaparecida, el derecho a una identidad, el derecho a un juicio imparcial
y a las debidas garantías judiciales, el derecho a un recurso efectivo con reparación e indemnización, el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, entre otros.
Es de conocimiento general que, hasta julio de este año, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reporta más de 73 mil 200 personas desaparecidas en todo el país. Si bien es cierto que, de un día para otro, no se resolverá la problemática, pero podemos empezar por inhabilitar y sancionar penalmente a los servidores públicos que han participado directa o indirectamente en las desapariciones, así como, a todos aquellos que están coludidos con el crimen organizado por dejarlos actuar e informarles de las investigaciones que se siguen en su contra. Es cuestión de voluntad y trasparencia en la rendición de cuentas
por parte de la administración pública federal y estatal.
*Esta columna está dedicada a los más de 73 mil 200 personas desaparecidas, entre ellos, los 43 de Ayotzinapa y para Alejandra, que desde hace un año su familia no para de buscarla.
- Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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