Los abusos sexuales contra infantes son más recurrentes de lo que podría parecer; de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil en todo el mundo, con 5.4 millones de casos al año.
Conforme a la Secretaría de Gobernación Federal, la violencia y abuso sexual contra menores, se ha agravado durante el confinamiento, ya que más del 60% de este tipo de casos han ocurrido en el hogar con familiares o personas cercanas a los niños de entre 6 y 12 años. La tasa de violación de niñas y niños en México es de mil 764 por cada 100 mil, y la de tocamientos no deseados es de 5 mil por cada 100 mil habitantes.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2019, señala que, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre violación antes de cumplir la mayoría de edad.
Las vejaciones a las que están expuestas las niñas, niños y adolescentes se dan principalmente por su nivel de vulnerabilidad. La Psicóloga María Cecilia López, hace referencia que, los abusadores sexuales de infantes no tienen un goce genital sino un goce de abuso de poder. Estos abusos contra infantes se pueden dar por parte de familiares, tal como lo señala la Organización Mundial de la Salud, ya sea por padrastros o abuelos en 30%, tíos 11%, primos 8%, vecinos 7%, hermanos y maestro 3%, dichos abusos también son cometidos por adultos extraños que aprovechan los espacios públicos para acercarse a los menores, entablando vínculos de amistad para lograr su objetivo.
Igualmente, el grooming (ciberacoso sexual) es una práctica cada vez más común por parte de adultos pedófilos con el fin de ganarse la amistad de los menores en redes sociales, creando conexiones emocionales para propiciar el acercamiento, y logar el abuso sexual, también en las escuelas los abusos sexuales contra infantes son prácticas cada vez más cotidianas, motivadas por la falta de atención por parte de los padres o tutores.
Existe un marco jurídico que protege a los menores, en el contexto internacional, así como en nuestro derecho interno; en el ámbito internacional encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño CDN, esta convención tiene rango de ley y su carácter es vinculante por lo que es de observancia obligatoria. También en la misma esfera internacional se encuentra el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, entre otros.
En nuestro derecho doméstico, el abuso sexual en contra de menores se encuentra sancionado por el Código Penal Federal en los artículos 260, 261 y 262 y por los Códigos Penales de cada uno de los estados de la República, también se encuentra previsto en el artículo 47 fracción III de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. Sin embargo, a pesar de estar tipificado el abuso sexual contra los infantes, este tipo de delitos se incrementan, por lo que en los tres niveles de gobierno deben poner énfasis en políticas integrales de prevención con perspectiva de la infancia, con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes estén informados de la existencia de los abusos sexuales y cómo se producen; a la niñez se le debe enseñar que nadie los puede tocar o mirar si no lo desean, si alguien los mira o los toca de una manera no apropiada, deben comentarlo inmediatamente, se les debe explicar las formas en que los agresores tratan de intimidar para que guarden el abuso en secreto, se les debe enseñar que en caso de ser tocados o abusados nunca deben reservárselo aunque se los pidan o los amenacen. Del mismo modo, el Sistema Integral de la Familia, los Ministerios Públicos, los Juzgados Penales y los Juzgados en Materia Familiar, deben contar con los recursos metodológicos y equipos multidisciplinarios para el abordaje correcto de los asuntos de la infancia.
- Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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