La vulnerabilidad de los derechos humanos de los migrantes

El crecimiento del número de migrantes internacionales ha sido robusto en los dos últimos decenios, llegando a 281 millones de personas que viven fuera de su país de origen en 2020, lo que supone un aumento con respecto a los 173 millones de 2000 y los 221 millones de 2010. En la actualidad, representan alrededor del 3,6 por ciento de la población mundial.

            De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la COVID-19, ha interrumpido todas las formas de movilidad humana mediante el cierre de las fronteras nacionales y la detención de los viajes en todo el mundo. Las estimaciones preliminares indican que la pandemia puede haber ralentizado el crecimiento de la población de migrantes internacionales en aproximadamente dos millones para mediados de 2020, es decir, un 27 por ciento menos que el crecimiento previsto desde mediados de 2019.

             Las causas de los flujos de inmigrantes son por factores económicos, culturales, por guerras, crimen organizado, por exilios e incluso por el cambio climático. Asimismo, en algunos casos, es el resultado del fracaso de las políticas económicas, de seguridad y los altos niveles de corrupción en sus países de origen, por ello, no podemos responsabilizarlos y mucho menos criminalizarlos, hay que entender que están luchando por su sobrevivencia, para usted que me lee y para el que escribe esto, el tema de la migración no es ajena, lo entendemos porque varias de nuestras generaciones han buscado el sueño americano y algunos lo han alcanzado y otros tantos se han quedado en el intento, sin embargo, es parte de la naturaleza humana, buscar mejores condiciones de vida que nos permitan vivir con dignidad.

            El Relator Especial para los Derechos Humanos de los Migrantes del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, refiere; que las actuales políticas migratorias en países occidentales son causantes de recurrentes vulneraciones de derechos humanos, en perjuicio de las personas no nacionales de los países donde residen.

            Por lo anterior, es necesario que los gobiernos de la región, promuevan y protejan los derechos humanos, observando los instrumentos regionales e internacionales como: la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y particularmente, la Declaración y el Programa de Acción de Durban que fueron adoptados por consenso en la Conferencia Mundial contra la Discriminación Racial, Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, celebrada en 2001, en Durban Sudáfrica, y armonizar estos instrumentos con sus políticas domésticas de inmigración, afín de eliminar todas las prácticas discriminatorias contra los migrantes. Asimismo, considero se deben observar los objetivos que establece el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular; acordado por los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, el 13 de julio del 2018, y por citar algunos de estos objetivos: contribuir para minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen; prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional, mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio; colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como, la reintegración sostenible y fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para una migración segura, ordenada y regular. 

            El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes y el Comité sobre los derechos de los trabajadores migratorios, han declarado de manera inequívoca; “Que, si bien los países tienen el derecho soberano de decidir las condiciones de entrada y residencia en sus territorios, también tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las personas que estén bajo su jurisdicción”.

                       

  • Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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