Desde marzo de 2020, en América Latina y el Caribe se viene enfrentando una crisis sanitaria, social y económica debida a la enfermedad por COVID-19. Esta crisis ha profundizado las desigualdades, visibilizando la urgencia de incluir a las personas con discapacidad en las políticas públicas que se tomen a corto, mediano y largo plazo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias que afectan una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad para ejecutar tareas y las restricciones de la participación en situaciones vitales.
En el Censo 2020, el INEGI contó en el rubro de discapacidad a 20 millones 838 mil 108 personas, una cifra que representa el 16.5% de la población de México. Esta cifra resulta de la suma de los 6 millones 179 mil 890 (4.9%) que fueron identificadas como personas con discapacidad, más los 13 millones 934 mil 448 (11.1%) que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse), y a los 723,770 (0.6%) con algún “problema o condición mental”, éste último, un término que permite equiparar la medición actual con la del Censo 2010, en la que se hablaba de personas con “limitación mental”.
Las personas con discapacidad resultan más afectadas por la pandemia, debido a las barreras actitudinales, institucionales y del entorno, que se reproducen en la respuesta al COVID-19. Además, muchas personas con discapacidad tienen afecciones de salud preexistentes que las hacen más susceptibles de contraer el virus y de tener síntomas más graves al infectarse, lo que conduce a tasas elevadas de mortalidad.
Existen instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de las personas con discapacidad, tales como: la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en nuestro derecho interno, el artículo 1º constitucional; prohíbe todo tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad; y la Ley General de Personas con Discapacidad, que establece las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.
Sin embargo, este sector de la población tiene menos probabilidades que otras de estar empleadas y, cuando están empleadas, es más probable que lo estén en el sector informal. En consecuencia, tienen menos acceso a la seguridad social, lo que, reduce su capacidad de recuperación económica en el actual contexto de COVID-19. La falta de ingreso representa una carga desproporcionada para las personas con discapacidad y sus hogares que normalmente enfrentan gastos adicionales, relacionados con la discapacidad (vivienda y equipos accesibles, dispositivos de asistencia, bienes y servicios específicos, etc), lo que los lleva más rápidamente a la pobreza.
En el aspecto educativo, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades que otras de completar la educación, y más probabilidades de quedar totalmente excluidas de la escolarización, debido al COVID-19; a fin de reducir el impacto de la interrupción de la educación, se han adoptado prácticas de aprendizaje a distancia, sin embargo, en estos casos, los estudiantes con discapacidad enfrentan barreras debido a la ausencia del equipo necesario, el acceso a Internet y los materiales adecuados. En consecuencia, muchos estudiantes con discapacidad se están quedando atrás, en particular, aquellas con discapacidad intelectual.
Para no dejar en estado de indefensión a este sector de la población, es necesaria, la cooperación de los gobiernos locales y federal para crear mayor infraestructura, y facilitar todos los servicios administrativos a este grupo vulnerable, asimismo, el acceso a la justicia, el acceso a la educación, a los servicios de salud y al mercado laboral; todas éstas, son asignaturas pendientes que deben formar parte de las políticas públicas dirigidas para atender a este sector de la población, ya que a pesar que sus derechos han quedado plasmados en convenciones, tratados, leyes federales y locales, no existe la debida atención para incluirlos en nuestra sociedad.
Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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