En esta primera entrega del año, quiero aprovechar para desearles mucho éxito en todos sus proyectos, que la salud no les falte, que la resiliencia les ayude a seguir haciendo frente a la pandemia de Covid-19 ¡A la que juntos venceremos! Y agradezco de manera muy especial a todo el gran equipo del Sol de Puebla, por permitirme continuar publicando esta modesta columna de derechos humanos.
Asimismo, deseo compartirles algunos de mis propósitos de año nuevo, entre los que destacan; dejar de tomar café, pasar menos tiempo sentado frente a la computadora, hacer más ejercicio y mi propósito fundamental es continuar difundiendo los derechos humanos, con el objetivo de que puedan permear con mayor fuerza en toda la población y por ende, se consolide el respeto a los mismos; sin embargo, para lograr ese cometido es necesario que la cultura de paz y la cultura de la legalidad sean parte esencial de nuestra vida diaria.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en su Resolución A/52/13, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones.
Es por ello, que el diálogo debe ser nuestra primera y última alternativa para resolver un conflicto, ya sea de carácter familiar, de pareja, interpersonal, escolar, social, laboral, de intereses, entre otros; dicho diálogo se puede llevar acabo de manera privada, siempre y cuando las partes actúen con civilidad y cuenten con los conocimientos necesarios para desarrollar una comunicación asertiva y entre iguales, en el que el común denominador sea ganar-ganar, y que las partes en conflicto tengan suficiente disposición para ceder y poder así lograr acuerdos que los beneficien mutuamente; del mismo modo, se puede acudir a las instancias administrativas como lo es, el Centro Estatal de Mediación, o sujetarse a los Medios Alternativos de Solución de Controversias que se desahogan en los procedimientos judiciales en materia penal, civil, familiar y laboral, entre otros. Estos mecanismos tienen los mismos efectos que el desahogo de un procedimiento judicial en su totalidad, pero causan un menor desgaste personal, generan un ahorro económico significativo, se resuelven de manera inmediata si hay voluntad de las partes, y producen una mayor satisfacción de las partes en conflicto por llegar a un acuerdo.
En cuanto a la cultura de la legalidad, el Mtro. Héctor Rodríguez Espinoza, señala que es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social que exige, de todos y cada uno de los ciudadanos, una armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones culturales. Es crear la costumbre de manejarse cotidianamente con legalidad, sin que una tercera persona tenga que forzarnos. Es estar consciente de que, si uno actúa de esa forma, se está colaborando a mejorar la sociedad de la que siempre nos quejamos, pero que nosotros deterioramos.
Lo anterior, significa que, debemos actuar con civilidad en todo momento; respetar la señalética peatonal, vehicular y ciclista, procurar el medio ambiente, ser responsables de nuestras mascotas con todo lo que ello implica (esterilizarlos, vacunarlos, no abandonarlos, recoger sus heces fecales cuando salen a la calle, hacer uso de correa cuando salen a pasear, entre otros); igualmente, debemos cuidar nuestra salud y la salud de los demás en estos tiempos de pandemia, usar cubrebocas en espacios públicos y en caso contagio alertar a las personas con las hemos estado en contacto para que tomen medidas preventivas, a la par, no debemos fomentar la corrupción tratando de quedar exentos de alguna infracción o hasta de crímenes graves.
Continuar fomentando la corrupción, la violencia, la falta de civilidad y la violación sistemática de los derechos humanos deteriora a la sociedad, y hace que la convivencia sea cada vez más difícil.
- Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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