Desde que arribó a la Dirección General del Registro Civil del Estado, Manuel Valentín Carmona Sosa se abocó armar un entramado que le permitiera, a través de las bodas, entrega de actas de nacimiento, defunciones, reposición de documentos, entre otros, obtener ingresos extraordinarios para su “cochinito” “sin mancharse las manos”, pues los cobros son –o eran- en efectivo y sin recibo oficial alguno.
Claro, cubre el expediente con los pagos oficiales que hacen los usuarios y que van directo a la Secretaría de Finanzas, en base a la tarifa oficial.
Mas el negocio está en los “Servicios VIP”: bodas en casa, jardines, ranchos, y la opción de contratar servicio de salón, comida o cena para la fiesta; para lo cual necesitaba gente de su total y absoluta confianza para ejecutarlo, por lo que inició una “cacería laboral” contra varios jueces y personal administrativo ubicado en posiciones claves dentro de la estructura, orillándolos a que presentaran su “renuncia voluntaria”.
De no presentar su dimisión, entonces su mano derecha e incondicional, Alejandra San Martín Huerta, subdirectora del Registro Civil, arma un expediente con supuestas denuncias de usuarios y el juez o funcionario termina siendo cesado o cesada.
Tal es el caso de tres jueces y más de una docena de administrativos que fueron despedidos.
Manuel Carmona, que no se cansa de presumir y alardear su amistad con el gobernador Miguel Barbosa Huerta; y la de su “padrino” Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad –CFE-; y de su fraternidad con el director de El Sol de Puebla, Serafín Salazar, comenta entre los suyos que “está vacunado contra ataques de la prensa”.
Además, tampoco le preocupa que jueces o funcionarios “vayan de chismosos” con la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill, pues ni siquiera los recibe.
Así, y sin rubor alguno, maneja al Registro Público como si fuera negocio propio, pues no rinde cuentas ni a la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, de quien depende jerárquica y jurídicamente.
Mucho menos le interesa o hace caso a las denuncias de ex trabajadores y ex jueces que han presentado en la Secretaría de la Función Pública, que preside Amanda Gómez Nava.
Festeja entre los suyos que va para tres años de estar al frente del Registro Civil y estará hasta el 2024… “de eso no tengan la menor duda”.
INDAGA LA FUNCIÓN PÚBLICA MÓDULOS DEL REGISTRO CIVIL
Pero…Tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe.
Y al parecer ya le llegó su fiestecita a la capillita de Carmona Sosa, en virtud de que –finalmente- la Secretaría de la Función Pública ordenó visitar módulos del Registro Civil, donde entrega un cuestionario a los empleados para que anoten si han sido objeto de presiones, amenazas, cambio de adscripción sin justificación alguna y/o realizar acciones indebidas, ordenadas por sus superiores.
Las indagatorias se han realizado entre el personal ubicado en Acatlán, Zacatlán, Xicotepec, Cholula y Puebla capital.
Trasciende que la Función Pública ha detectado existe temor y miedo a declarar por parte de los trabajadores, puesto que ninguno de sus compañeros despedidos ha sido reinstalado, pese a las denuncias y documentos de los actos de corrupción presentados en la SFP.
SAN MARTÍN HUERTA, SOBRINA DEL PEDERASTA SAÚL H, LA MANO DERECHA DE CARMONA
Vale anotar que Diario Reporter en dos reportajes publicados documentó la rampante corrupción que impera en el Registro Civil del Estado, presentando evidencias como libretas de registro de los negocios que se realizan de manera extraoficial.
Libretas que muestran los millonarios ingresos que genera la realización de 60 bodas particulares al mes, las cuales ingresan a Finanzas el cobro oficial de 700 pesos; pero el pago extraordinario, que oscila de dos mil a cinco mil pesos, va al “cochinito” de don Manuel.
También consignó testimonios de ex trabajadores que muestran las componendas en la ratificación de actas de nacimiento y registros extemporáneos, con la participación del Juez Segundo, Daniel Ruiz Jerónimo, quien firma COMO TESTIGO el acta.
Documento que tiene un costo promedio de cinco mil pesos.
A través de sus operadores Javier Jara Fregoso, Arturo Parra Rodríguez y Adrián Juárez, otorga actas de nacimiento a indocumentados, quienes pagan de 10 a 50 mil pesos, dependiendo si son centroamericanos, de Europa o asiáticos.
Y qué decir de las actas de defunción, mismas que son gratuitas para el ciudadano,
mas para las agencias funerarias tienen un costo de 200 pesos -recuperan con el servicio de velación que brindan a los deudos- y en promedio cada juzgado registra al mes 800 actas de defunción.
Incluso, empleados de varias funerarias denunciaron al Juez Quinto, Francisco de la Fuente Flores, por cobrar 100 pesos por acta entre semana y 200 pesos sábado, domingo o día festivo, pese a la gratuidad del documento, concluye Diario Reporter.
Aunado a lo anterior está el caso de Alejandra San Martín Huerta, subdirectora del Registro Civil y sobrina del Diputado Federal de Morena, Saúl H, quien fue desaforado por el pleno de la Cámara de Diputados para enfrentar la demanda de violación a un menor de edad, que lo tiene en la cárcel en la Ciudad de México.
Quizás por ello, San Martín Huerta no duda en armar –y armar- supuestas denuncias contra jueces y personal para que sean despedidos.
Esta historia continuará con el desayuno y discurso de la “reconciliación”:
Aquí está mi mano, amigo.
Tómenla.
Porque si no lo hacen, como enemigo… “soy implacable”.
¿Quién lo dijo?
¿Por qué lanzó la amenaza?
Al tiempo.