La pandemia de COVID-19, que ha afectado a todo el mundo, la guerra entre Rusia y Ucrania, la debilidad de las economías y su lento crecimiento, evidencian la fragilidad de los sistemas agroalimentarios y las grandes desigualdades, respecto al hambre y la inseguridad alimentaria, en cada rincón de América Latina y del mundo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), define a la persona que padece inseguridad alimentaria, como aquella que carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos.
De acuerdo al informe anual de la FAO, denominado “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022”, cerca de 670 millones de personas seguirán padeciendo hambre en 2030, es decir, el 8% de la población mundial, igual que en 2015, cuando se puso en marcha la Agenda 2030, además, en este momento hay 4.8 millones de mexicanos y mexicanas que probablemente no han comido y tal vez no lo harán en el resto del día, asimismo, el 3.7% de la población total en México enfrenta inseguridad alimentaria severa.
En este orden de ideas, hay otros factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria como son: los monopolios de los grupos delictivos para comercializar determinadas frutas y legumbres que hacen en muchas ocasiones imposible su consumo, el cambio climático que propicia las sequías y con ello perjudica las cosechas, las grandes empresas multinacionales de alimentos transgénicos, entre otros factores.
Ahora bien, paradójicamente, ante esta problemática del hambre que padecen los sectores más vulnerables de la población, la alimentación, es un derecho humano previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25.1.- que señala “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Asimismo, los Principales instrumentos vinculantes que recogen el derecho a la alimentación son: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención de los Derechos del Niño (1989), la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad (2006) y en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, tercer párrafo, refiere que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”.
Sin embargo, a pesar de que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la alimentación, lo cierto es que, no se ha logrado este cometido, debido al poco o nulo crecimiento económico, así como a las políticas públicas débiles que, deben ser rediseñadas y ajustadas al contexto actual, igualmente, se deben supervisar permanentemente los precios de los alimentos de la canasta básica para hacerlos asequibles y disponibles, no permitir que haya monopolios de alimentos, crear un censo de grupos vulnerables para darles acceso a bancos de alimentos, concientizar a la población a participar en donaciones permanentes de alimentos en sus comunidades y fomentar el consumo responsable de ellos. No debemos perder de vista que, estamos a ocho años del plazo fijado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, objetivo 2.1, para poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente.
- Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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