La desaceleración económica incrementará la pobreza alimentaria

Hace unos días, tomando un café y revisando mis redes sociales, como lo hacemos todos, a cualquier hora del día, me encontré con una nota periodística que tenía como encabezado: El bajo crecimiento económico en todo el mundo incrementará la pobreza alimentaria en el año 2023.

Usted dirá amable lector, si el título de dicha nota invita a desplegar el texto completo y leerlo lo más pronto posible, y eso me ocurrió, además, lo primero que pasó por mi mente, fue la escases de alimentos, el monopolio de comestibles por parte grupos criminales, la desnutrición de los grupos más vulnerables que ponen en riesgo, la salud o la vida de los que no cuentan ni con un salario mínimo para sostener a una familia.       

                        De acuerdo al último informe: Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, el crecimiento de las economías desarrolladas se desacelerará del 2,5 % en 2022 al 0,5 % en 2023. En los últimos veinte años, las desaceleraciones de esta magnitud han sido la antesala de una recesión mundial. En Estados Unidos, el crecimiento caerá al 0,5 % en este 2023, 1,9 puntos porcentuales por debajo de los pronósticos anteriores y el desempeño más deficiente fuera de las recesiones oficiales desde 1970. En este 2023, se espera que, la zona del euro no registre crecimiento, lo que representa una baja de 1,9 puntos porcentuales. China crecerá un 4,3 %, es decir, 0,9 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado para ese país, en el caso de México, se prevé un crecimiento de 1.1% en el 2023, de acuerdo a expectativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

                        La desaceleración económica en el mundo, incrementará exponencialmente la pobreza alimentaria, y de acuerdo a Miguel Székely Pardo y Araceli Ortega Díaz, consiste en la incapacidad que tienen los individuos para adquirir una canasta básica alimentaria, que limita el desarrollo físico e intelectual de los niños y los adolescentes, agudiza la desnutrición en las personas adultas, limita el aprendizaje, reduce el rendimiento laboral, y destina a los individuos a enfermedades crónico-degenerativas, que les impiden aspirar a alcanzar una calidad de vida en su generación y en las subsecuentes; quebrantando su valor intrínseco como seres humanos.

                       El derecho a la alimentación, se encuentra previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en el artículo 25.1.- que a letra dice “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”Así como, en El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) – La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979) – La Convención de los Derechos del Niño (1989) –  La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) – El Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad (2006) –y Diversos instrumentos regionales de derechos humanos. Al igual que, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4to, tercer párrafo, que señala: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”.

                        Los gobiernos tienen la obligación de orientar los recursos necesarios para atender los problemas de pobreza alimentaria y desnutrición. Asimismo, en términos del artículo 25 constitucional, el gobierno federal debe intervenir regulando los precios de los alimentos de la canasta básica, no permitir los monopolios de alimentos; por otro lado, es necesario realizar un mapeo y un  censo de grupos con pobreza alimentaria, que a través de indicadores permitan medir la eficacia de las políticas públicas que se implementen para terminar con esta problemática.                    .

 

  • Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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