Después del 2 de junio de 2024 la discusión que se estableció debido a la posible sobrerrepresentación de MORENA y sus aliados inundó los medios de comunicación con reportajes, entrevistas, mesas de opinión y un sinfín de espacios para fortalecer la idea de la validez o invalidez de dicho proceso. Este tema se volvió fundamental porque, más allá de la postura errática de la oposición, podemos estar en el inicio de un régimen sin contrapesos y, por ende, un régimen con tintes autoritarios.
Una de las propuestas que se estableció como eje de campaña dentro del oficialismo fue el plan C, pero para llevarlo a cabo se necesitaría que en las urnas la ciudadanía le diera a MORENA la presidencia y las dos terceras partes en las cámaras de diputados y de senadores. Está configuración de poder permitiría al oficialismo llevar a cabo las reformas constitucionales propuestas por López Obrador y que durante la segunda mitad de su periodo presidencial no tuvieron la votación requerida para su aprobación. Entre esas reformas sobresale la del poder judicial. Su aprobación debilitaría el sistema democrático liberal. Está claro que la gran mayoría de mexicanas y mexicanos coincidimos en que el sistema judicial no ha sido más que una cadena de impunidad que no ha sido supervisado por casi nadie, no obstante, cabe preguntarse si esta reforma reducirá el 95% de impunidad, si la justicia para los más pobres se hará realidad o si, como con todas las reformas que ha experimentado este país en este siglo, el objetivo que se persigue es fundamentalmente político.
El consenso en la urgencia de reformar la estructura judicial se quiebra en el cómo, es decir, en la propuesta establecida por el ejecutivo federal, que tiene como puntos polémicos: la elección de jueces y magistrados y ministros por voto popular, lo que podría minar en las capacidades técnicas de las personas elegidas; y que los juzgadores puedan permanecer en el anonimato, con ello se busca protegerlos de amenazas por parte del crimen organizado, pero a la vez se podría utilizar para perseguir a enemigos políticos.
La asignación de diputados de representación proporcional por el INE y ratificados por el TEPJF le permitió al oficialismo aprobar la reforma en la Cámara de Diputados con 359. Los defensores de la reforma han argumentado que estas modificaciones son necesarias para modernizar el sistema judicial y fortalecer la impartición de justicia. Sin embargo, sus detractores advierten que estas medidas ponen en peligro la independencia del Poder Judicial y pueden convertirse en una herramienta para el control político.
Después de la aprobación en la cámara baja, la decisión final de la reforma queda en manos de los senadores y congresistas locales. En el supuesto que asistan la totalidad de las y los senadores, el oficialismo necesitará 86 de 128 votos y más tarde que la mitad más uno de los congresos locales aprueben la reforma.
Tras la suma de José Sabino Herrera de Tabasco y Araceli Saucedo de Michoacán al bloque oficialista integrado por Morena, PT y PVEM, el presidente solo necesita de un voto más para alcanzar la mayoría calificada en el Senado.
La pregunta obvia es: ¿MORENA y sus aliados convencerán-doblegaran al senador o senadora que habilitará un nuevo régimen político en México? con todas las consecuencias que eso tendrá. En el PAN han dejado claro que esta reforma no transitará con ellos y han establecido una narrativa que asegura que de aprobarse el plan C la democracia en el país sufriría su estocada final. Por tanto, es difícil pensar que los blanquiazules cedieran frente a las presiones obradoristas.
El grupo parlamentario de MC también han manifestado un compromiso total para votar en contra de la reforma, además de que ven en el escenario político actual una gran oportunidad para desplazar al resto de partidos de oposición como la contracara de MORENA. En este sentido, uno pensaría que los naranjas se mantendrán unidos. No obstante, son varios los legisladores dantistas que han zigzagueado en distintas votaciones que beneficiaron al gobierno actual.
Finalmente, en los ‘últimos días Alejandro Moreno ha asegurado que el PRI votará como bloque en contra de la reforma y subrayó que no aceptarán sobornos a cambio de su apoyo, incluso en diversas entrevistas comprometió su palabra, lo que sea que eso valga, para ir en contra de la reforma. No obstante, la declaración del líder tricolor más que tranquilizar genera una gran incertidumbre ya que, como todo político sin ideales, no se ha caracterizado por su consistencia a la hora de votar. Pero, más allá de valorar su palabra ya bastante depreciada, Alito está aumentando los costos de que cualquier priista salte el rubicón, él incluido.
En caso de que la oposición se mantenga unida, sus senadores se presenten en la sesión y rechacen la reforma, nos estarían mandando un mensaje muy poderoso a todos, a los oficialistas y a los opositores, ya que le estarían diciendo a AMLO y a Sheinbaum que para modificar el régimen político se tiene que negociar con las minorías que también tienen representación. Si, por el contrario, algún legislador de la Cámara alta sucumbe al temor por el plomo o al brillo del oro, podríamos decir que estamos frente a un régimen sin contrapesos institucionales. Ya lo veremos.
