Amables lectores, desde aquí quiero externar mis sinceras condolencias a los padres de Ana Elizabeth, una niña de apenas 8 años que fue asesinada el pasado domingo en el estado de Nuevo León, y que es otra muestra más del grado de inseguridad que se vive en el país, en el que las niñas son objeto de violencia no solo de extraños, sino también de personas con las que tienen nexos familiares.
Este tipo de crímenes atroces que tienen que ver con violencia de género no se pueden dejar pasar sin alzar la voz y exigir a la sociedad en general que se sensibilice y genere mayor equidad para las mujeres y principalmente para las niñas, y a los impartidores de justicia firmeza para sancionar estas conductas delictivas.
“Según la periodista y activista Frida Guerrero, en lo que va del 2018, se tienen contabilizados 46 feminicidios infantiles en México”, una cifra escalofriante que nos debería avergonzar como sociedad y gobierno”.
En la violencia contra las niñas intervienen varios factores, por un lado aquellos que tienen que ver con la misma familia en la que a las niñas NO se les da el mismo valor que a los varones y se les considera como seres humanos de segunda, donde también se tolera la violencia por parte de las parejas de los padres que en algunos casos llega hasta la muerte de las infantes, y por otro lado: la omisión, la inoperatividad parcial o total de las autoridades judiciales que no tienen la sensibilización, ni la capacitación para atender temas de violencia de género.
Por lo que es urgente que la sociedad y las instituciones hagamos el trabajo que nos corresponde:
Debemos comenzar en la casa fomentando el respeto a las niñas.
Generar vínculos de comunicación más estrechos con nuestras hijas.
Como sociedad no debemos tolerar hechos violentos en contra de las niñas.
El órgano judicial debe brindar más accesibilidad a las víctimas para denunciar e impartir justicia eficaz y trasparente.
El órgano legislativo debe modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el sistema penal se operante en nuestro país, ya que los impartidores de justicia no pueden hacer su trabajo con un Código copiado y que no se adecua a las circunstancias del país.
- Es Doctorante en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como Abogado Asesor en la Defensoría de los Derechos Universitarios, profesor colaborador en la Facultad de Derecho y C.S., y es Director del Bufete Jurídico “Pinto y Asociados” S.C.
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