Estimados lectores, en esta semana nos encontramos de luto los universitarios de México. Ivonne era alumna de la Licenciatura en Criminología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y fue asesina por defender a su hermano Saúl durante un asalto en un mini súper en el que trabajaba para ayudar con los gastos familiares...
Asimismo César Ramírez, alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fue ejecutado en un asalto en el transporte público; María del Rosario, alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México fue asesinada; José y Abraham, alumnos de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Zacatepec en Morelos, fueron ejecutados a balazos y Valeria, estudiante de Medicina de la Universidad Veracruzana, fue asesinada en un gimnasio de Ciudad Mendoza, Veracruz.
Estos hechos son el reflejo del elevado nivel de violencia que vive nuestro país en los últimos años, gobiernos van y gobiernos vienen y, las políticas públicas en materia de seguridad no dan los resultados esperados. La delincuencia organizada en México vive su época de esplendor, los delitos que se cometen a diario no son denunciados y aquellos que denuncian deben esperar pacientemente para que las audiencias iniciales se lleven a cabo. Y, por si fuera poco, esta semana la Organización de Naciones Unidas hizo 264 recomendaciones al estado mexicano por desapariciones forzadas, que tendrá que darles observancia, la nueva gestión presidencial. Y la pregunta es: ¿Qué debemos hacer para cambiar esta amarga realidad que vivimos ciudadanos, políticos y empresarios?
No hay fórmulas mágicas para resolver esta problemática social, sin embargo, el papel que juega el gobierno es fundamental para inhibir los actos delictivos. Por lo que, deben empezar por identificar a aquellos servidores públicos que no están cumpliendo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que establecen en el ámbito estatal y federal las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para efecto de fincarles responsabilidad: política, penal, civil o administrativa según sea el caso. Asimismo, los organismos de defensa de derechos humanos deben tener mayor presencia social y no limitarse a realizar recomendaciones, se debe incrementar el presupuesto destinado a la educación, para reivindicar los salarios de los profesionistas que se dedican a la docencia y para crear más infraestructura que permita a los niños y a los jóvenes accesos a la educación (un pueblo educado es menos susceptible a formar parte de los grupos delictivos), se debe revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para adecuarlo a la realidad en la que vivimos como país, se debe incrementar el presupuesto a la administración de justicia para contratar personal y, tener los insumos necesarios para realizar su trabajo y, la lista sigue… Pero quiero terminar estas líneas señalando que también los ciudadanos somos responsables de lo que se vive en México, por lo cual, debemos evitar cualquier acto de corrupción. Las condiciones en las que se encuentra nuestro país las hemos generado ciudadanía y gobierno cuando no respetamos la ley.
¡Comencemos a trabajar por un país en el que impere la legalidad!
•Es Doctorante en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como Abogado Asesor en la Defensoría de los Derechos Universitarios, profesor colaborador en la Facultad de Derecho y C.S., y es Director del Bufete Jurídico “Pinto y Asociados” S.C.
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