Estimados lectores, esta semana que termina ha sido muy sangrienta en Puebla, las ejecuciones con arma de fuego son una constante en nuestro estado y en todo el país y, por si fuera poco, en redes sociales circulan vídeos promoviendo la portación de armas como una opción para salvaguardar la integridad física.
En el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de sus habitantes a poseer armas de fuego en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, a excepción de las armas prohibidas por ley y aquellas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Sin embargo, el permitir que los ciudadanos puedan portar arma de fuego puede conducir a la vulneración del derecho más fundamental, “el derecho a la vida” plasmado en el artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el artículo 1 del Código Político de nuestro país.
Permitir la portación de armas de fuego implicaría el incremento de más violencia, y se dejaría al estado sin la responsabilidad de resguardar la integridad física de sus gobernados, además del libre albedrio de la población para accionar sus armas cuando consideren que deben hacerlo, incrementando la violencia a su máximo exponente.
La violencia con armas de fuego genera una atmosfera en la que las personas no se sienten seguras, con lo que ven negado su derecho a la seguridad personal. A su vez, ese temor de que pueda ser lesionado su derecho a la libertad de expresión, de tránsito y de reunión pacífica. Es sabido, que aquellas poblaciones de nuestro estado y del país que son asoladas por una continua violencia armada, los servicios básicos como los de salud y educación se ven afectados.
Mediante un informe de solicitud pública a la SEDENA refiere que; uno de los factores que contribuyen al aumento de la violencia en México es el desvío de armas de fuego obtenidas legalmente. Desde 2006, más de 20 mil armas de fuego adquiridas por la Policía Federal y policías estatales se extraviaron o fueron robadas, y de éstas, aproximadamente 7 mil fueron reportadas como desaparecidas, tan sólo en el Estado de México y en la capital del país.
Según Amnistía Internacional: Más de 500 personas mueren al día a causa de la violencia con armas de fuego.
- El 44% de todos los homicidios cometidos en el mundo conllevan violencia armada.
- Entre 2012 y 2016, en el mundo se produjeron 1.040.000 muertes relacionadas con armas de fuego.
· La mayoría de las víctimas de la violencia y de quienes la perpetran son hombres jóvenes, pero las mujeres están especialmente expuestas al riesgo de violencia armada dentro de la pareja, y las armas de fuego también pueden contribuir a la violencia sexual.
· Se calcula que 2.000 personas resultan heridas a diario por disparos.
· En todo el mundo hay al menos 2 millones de personas con heridas causadas por armas de fuego.
Cada año se fabrican en el mundo 8 millones de armas pequeñas nuevas y hasta 15.000 millones de cartuchos de munición. Se calcula que el mercado de armas pequeñas supone unos ingresos anuales de 8.500 millones de dólares estadounidenses.
Según el estudio de Mortalidad Global por Armas de Fuego 1990 – 2016, México es el tercer país con más muertes por armas de fuego.
Definitivamente permitir la portación de armas de fuego a la población no es la alternativa para terminar con la violencia que vivimos a diario en nuestro estado y en el país, este tipo de iniciativas tiene como objetivo generar más dinero a la industria armamentista. Las grandes empresas que se dedican a fabricar armas lo menos que les importa es “la vida”.
Se requiere centrar los esfuerzos en atacar las fuentes generadoras de violencia; (pobreza, falta de educación, falta de empleos, inaplicabilidad de la ley) asimismo urge capacitar a los cuerpos policiacos en el conocimiento de los protocolos de actuación, de las leyes y sus reglamentos, en materia de derechos humanos, en el manejo de armas, aplicarles constantemente rigurosos exámenes de confianza, proveerlos del equipó y armas que estén en buenas condiciones, mejorar sus salarios, bríndales seguros de gastos médicos mayores, los gobiernos deben apostar por dignificar el trabajo de los “elementos de seguridad pública”.
•Es Doctorante en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como Abogado Asesor en la Defensoría de los Derechos Universitarios, profesor colaborador en la Facultad de Derecho y C.S., y es Director del Bufete Jurídico “Pinto y Asociados” S.C.
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