Estimados lectores, después de los protocolos realizados ayer para la entrega del poder ejecutivo, ¡“hoy tenemos nuevo presidente de México” !, y con ello una oportunidad para replantear en muchos ordenes el actuar de la administración pública federal.
Una de las asignaturas que urge atender es la violación a los de los derechos humanos, que han dejado heridas abiertas en todos los mexicanos y por citar algunos casos se hace el siguiente recuento: los feminicidios que, de acuerdo con las cifras de la Organización de Naciones Unidas, en México son asesinadas nueve mujeres cada día.
Homicidios dolosos, que en muchos casos son realizados por organizaciones criminales, hasta el mes de julio de este año, según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad Pública se han cometido 112 mil 760 homicidios dolosos.
Trata de personas en sus distintas modalidades: de explotación laboral, trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, la explotación sexual, y que en México no se tienen cifras para determinar el número de personas que son víctimas de este flagelo, pero que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que, en 2016, 40.3 millones de personas estuvieron sometidas a trata de personas: 24.9 millones de ellas en trabajo forzoso y 15,4 millones en matrimonio forzoso.
De los 24.9 millones de víctimas de trabajo forzoso:
· 16 millones fueron explotadas en el sector privado; por ejemplo, en el trabajo doméstico, la industria de la construcción o la agricultura.
· 4.8 millones fueron víctimas de explotación sexual forzosa.
· 4 millones fueron víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado.
La discriminación es otro rubro importante según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de 2011 al 30 de noviembre de 2017 se radicaron 3 mil 191 quejas por discriminación laboral, rubro que más casos registra, seguido del educativo.
Las quejas más recurrentes son: embarazo, condición de salud, apariencia física y discapacidad en los centros de trabajo. Asimismo, entre los derechos vulnerados sobresale el derecho a un trato digno (1 mil 32), al trabajo (537), a la igualdad de oportunidades (257), a la prestación de servicios al público (149), a una vida libre de violencia (141) y al derecho a la educación (125). Y, las principales entidades federativas vinculadas con actos de discriminación, de acuerdo con los expedientes, fueron la Ciudad de México (574 casos), el Estado de México (115), Jalisco (62), Guanajuato (32) y Nuevo León (26).
Denuncias por tortura, según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México a más de 64.000 personas que, en 2016, estaban encarceladas en 370 cárceles de todo el país, el 57,8 por ciento de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestado. De estas personas, el 19 por ciento indicó haber recibido descargas eléctricas; el 36 por ciento haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas; y el 59 por ciento haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28 por ciento manifestó haber sido amenazado con la posibilidad de que hicieran daño a familiares.
Desapariciones forzadas, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Mario Patrón Sánchez, y Grace Fernández Morán, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, coinciden que a la fecha hay 37 mil desaparecidos en México, asimismo se realizaron 266 recomendaciones por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Hostigamiento a periodistas y defensores de los derechos humanos, según datos de la PGR, 104 periodistas fueron asesinados y 25 desaparecieron entre el año 2000 y octubre de 2017.
Todo lo anterior, es un muy breve recuento de lo que la administración pasada heredó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, no es una tarea fácil, se va a requerir de voluntad política, de aplicación de la ley y, de una mayor presencia de los organismos defensores de los derechos humanos, que revestidos de la autonomía que les da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerzan sus atribuciones y coadyuven a fortalecer el estado de derecho para reparar el tejido social de un México que se encuentra lastimado profundamente por la impunidad.
•Es Doctorante en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como Abogado Asesor en la Defensoría de los Derechos Universitarios, profesor colaborador en la Facultad de Derecho y C.S., y es Director del Bufete Jurídico “Pinto y Asociados” S.C.
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