Estimados lectores, esta semana el caso Venezuela ha sido relevante en el ámbito internacional. La noticia de que al menos 13 países desconocieran al Gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos Estados Unidos y Canadá, y reconocieran a Juan Guaidó como nuevo presidente, creó un sinfín de reacciones internacionales.
Hablar de Venezuela, es hacer referencia a un país debilitado democráticamente, en el que se violentan los derechos humanos como la libertad de expresión, libertad de tránsito, la integridad personal, entre muchos más y que afectan a la población en general.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en el informe “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, el 31 de diciembre del 2017, 76 recomendaciones dirigidas al Estado, conducentes a poner fin a la profunda crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa el país. El objetivo del informe es defender y proteger a las personas que viven bajo la jurisdicción del Estado venezolano, y caminar hacia la recuperación de la integralidad de su institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos.
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf
El gobierno norteamericano se ha valido de la crisis institucional y de derechos humanos de Venezuela (Soft Power) para presionar a Nicolás Maduro a que se retire del cargo y haya un nuevo gobierno. Lamentablemente el verdadero interés norteamericano no es el respeto a los derechos humanos, sino el apoderarse de sus recursos energéticos que según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela, es el país con una de las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, y que permitiría a los Estados Unidos mantener su hegemonía en todo el planeta.
El costo de este intervencionismo es alto, ya que atenta contra la soberanía de un país, según Norberto Bobbio la soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta.
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=229
Un gobierno no democrático o corrupto de un Estado no inválida la calidad del Estado como tal ni lo priva de su soberanía. La soberanía es exclusiva. Sólo un Estado puede ejercer su soberanía en su territorio. La soberanía es suprema. Es legalmente el poder superior último del Estado. Nadie puede asumir una autoridad más alta para ejercer poderes en el territorio nacional. La soberanía es inalienable. Al ser una característica indispensable de un Estado, la soberanía no deja de existir, a menos que el Estado mismo deje de existir. La soberanía es un derecho fundamental de cualquier Estado de la comunidad internacional. Otros Estados no pueden privar a un Estado de su soberanía.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2790/6.pdf
Es importante resaltar la postura del Presidente de México al respecto, ya que anunció que sigue reconociendo a Nicolás Maduro como el legítimo presidente de Venezuela, apegándose a los principios constitucionales establecidos en el artículo 89 fracción X, en relación a la conducción de la política exterior en cuanto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, principios que son emanados de la doctrina Estrada y que son elementos rectores de la diplomacia de México.
Además, en el artículo 2o. de la Carta de Naciones Unidas se reconoce el principio de la igualdad soberana de sus miembros, y se especifica que otros Estados y las Naciones Unidas no pueden interferir con la soberanía de sus Estados miembros.
Sin embargo, el respeto a la soberanía de un estado que violenta los derechos humanos, como es el caso de Venezuela, genera una gran controversia, pero no es justificación para intervenirlo, todos los países puede coadyuvar para buscar la paz, mediante el dialogo, la firma de tratados. Los actores internacionales deben servir como puentes de interlocución, para lograr mejores relaciones multilaterales. La calidad moral de los estados-nación, debería estar por encima de cualquier interés económico o geopolítico y el respeto a los derechos humanos no debería ser es un disfraz para justificar el intervencionismo.
· Es Doctorante en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como Abogado Asesor en la Defensoría de los Derechos Universitarios y profesor colaborador en la Facultad de Derecho y C.S.
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