Estimados lectores, les saludo con el gusto de siempre y en esta ocasión quiero iniciar preguntándoles: ¿cuántos de ustedes han probado algún tipo de estupefaciente para fines recreativos?
Según el informe Mundial de las Drogas 2018, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) 275 millones de personas en todo el mundo, es decir, aproximadamente el 5,6% de la población mundial de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, consumió drogas en al menos una ocasión en 2016.
En México es preocupante el aumento en el consumo de drogas ya que se ha incrementado hasta un 47% en los niños durante los últimos siete años, es decir, del 2011 al 2018.
https://newsweekespanol.com/2018/09/consumo-de-drogas-en-mexico-inicia-entre-los-12-y-los-17-anos/
La prohibición de las drogas, permite que los mercados de este lucrativo negocio estén en manos de organizaciones delictivas que generan millonarias ganancias y que trastocan con su poder económico a las instituciones gubernamentales, corrompiéndolas y apoderándose de ellas a conveniencia; además estas organizaciones criminales financian guerrillas, desplazan pueblos enteros, crean grandes centros financieros y comerciales en los que lavan dinero, violentan los derechos humanos y hunden en la pobreza a las sociedades.
Durante años, el aparato de la ONU prestó poca atención a la controversia creada por el sistema de fiscalización internacional de drogas.
Aunque el preámbulo de la Convención Única de 1961 dispone que el objetivo principal del régimen de fiscalización consiste en proteger la salud y el bienestar de la humanidad. Las iniciativas internacionales para controlar el uso y la producción de sustancias suelen dar lugar a consecuencias más perjudiciales que las propias drogas.
Por lo general, los aspectos sociales y de salud del problema de las drogas han recibido poca atención. En 1987, la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas instó a que se adoptara un ‘enfoque equilibrado’, y que se otorgara a la reducción de la demanda de drogas ilícitas la misma importancia que a la reducción de la oferta y el tráfico. El desequilibrio, sin
embargo, no desapareció.
https://www.tni.org/es/publicacion/derechos-humanos-y-politicas-de-drogas
La propuesta de legalización de la mariguana a través de la iniciativa Ley General para la Regulación y el Control del Cannabis, debe ser parte de una política integral para atender el fenómeno del cultivo, el consumo y tráfico de este estupefaciente, con la finalidad de inhibir el negocio ilegal y dejar de criminalizar a los consumidores. Asimismo, es conveniente que una vez aprobada dicha ley, haya espacios adecuados para su consumo, que permitan que se respeten a los no consumidores. Además, el gobierno en sus tres niveles, debe iniciar campañas serias fomentando una cultura del respeto a aquellos que tienen esta adicción, pero al mismo tiempo, se deben ajustar las normas que rigen al sistema de salud en México, primero, para tener registros del número de consumidores de cannabis en nuestro país y en segundo lugar, para brindarles el acompañamiento necesario en el proceso de control y de disminución del consumo, finalmente es un derecho a la salud establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño que dice: las personas que usan drogas tienen derecho a servicios de salud de calidad y disponibles, accesibles, aceptables y suficientes.
La sociedad no puede cerrar los ojos ante fenómenos que se presentan en su entorno, tampoco se debe discriminar a aquellos que piensan y actúan distinto a los estereotipos sociales, debemos trabajar en una sociedad en la que se protejan, se promuevan y se respeten los derechos humanos.
- Es Doctorante en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como Abogado Asesor en la Defensoría de los Derechos Universitarios y profesor colaborador en la Facultad de Derecho y C.S.
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