Amables lectores, les saludo con el gusto de siempre. Hace algunos años Puebla era reconocida en el contexto nacional como una de las entidades más seguras y con más infraestructura educativa, por lo que, jóvenes del sureste, occidente y del bajío llegaban a nuestra ciudad para continuar con sus estudios de educación superior; lamentablemente nuestro Estado se encuentra irreconocible, los asaltos al transporte público, los asaltos a cuentahabientes, los desaparecidos, los homicidios con huellas de tortura por ajustes de cuentas, la violencia de género, la trata de personas, el lavado de dinero, la extracción y robo de combustible, el robo de vehículos, entre otros ilícitos, han colocado a Puebla como uno de los estados más inseguros en el país.
La delincuencia organizada, ha hecho de la entidad uno de sus lugares favoritos para realizar sus actividades, vulnerando los derechos humanos de la sociedad civil y dejando a la administración de justicia pasmada, sin poner orden.
Se debe entender por delincuencia organizada, según la ley federal que la prevé, en su artículo segundo.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: terrorismo, uso de moneda falsificada, acopio y tráfico de armas, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de dieciocho años, turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años, lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad, tráfico de menores y robo de vehículos, delitos en materia de trata de personas, contrabando, delitos cometidos en materia de hidrocarburos y delitos cometidos contra el medio ambiente.
Ahora bien, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el derecho internacional vigente, establecen que sólo los estados asumen obligaciones directas en relación a la trasgresión de los derechos humanos, aunquecualquier persona o grupo puede violar los derechos humanos, y a diario se violentan estos derechos no solo por agentes de estado, sino también por agentes de la delincuencia organizada.
Sin embargo, al reconocer y ratificar los tratados internacionales de derechos humanos los gobiernos de los Estados asumen las obligaciones de: respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Mientras que el equilibrio entre esas obligaciones o deberes puede variar de acuerdo con los derechos de que se trate, aplicándose en principio a todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.https://www.gestiopolis.com/los-derechos-humanos-y-la-delincuencia-organizada/
Por lo que, los gobiernos de los Estados tienen el deber de proporcionar reparación en el nivel interno en caso de violación de los derechos humanos. Estas obligaciones internacionales que tienen los Estados en materia de derechos humanos consisten en:
Respetar: no interferir con su disfrute; es decir, el Estado y sus agentes deben abstenerse de interferir con el goce de los derechos humanos.
Proteger: adoptar medidas que eviten que estos sean violados por terceros.
Garantizar: esta obligación está implícitamente relacionada con la de respetar y proteger e implica que los Estados deben tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, así como de reparar el derecho violado.
Cumplir (también conocida como facilitar y proveer): tomar acciones que permitan a las personas el acceso a los derechos humanos y garantizar su disfrute cada vez que una persona (o grupo) no pueda, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí misma con los recursos a su disposición.
Es necesario que en nuestra entidad se recupere el orden y tranquilidad que la han caracterizado por años, por lo que, se debe comenzar por destituir y procesar a los servidores públicos que coadyuvan con el crimen organizado, el estado debe ejercer su potestad sancionadora en contra de los grupos delictivos, garantizando y protegiendo los derechos humanos de la población a los que está obligado.
- Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como profesor colaborador en la Facultad de Derecho y C.S., Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios.
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