Amables lectores, les saludo con el gusto de siempre. En esta semana que termina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, envío al Congreso de la Unión las acciones que realizará en su gobierno, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, e informó a través de un video en Facebook, que es la primera vez en 36 años del período neoliberal que se presenta un Plan de Desarrollo que no se ajusta a los dictados de los organismos internacionales ni de los gobiernos extranjeros.
El documento está dividido en tres grandes ejes: el primero es Política y Gobierno, el segundo Política Social y el tercero Economía. Todos son de mucha relevancia, pero el que interesa a esta columna es el primer eje, Política y Gobierno, específicamente en lo referente al Cambio de Paradigma en Seguridad; que comprende el Pleno Respeto a los Derechos Humanos, ya que, establece que: “se buscarán las reformas que permitan dotar de obligatoriedad legal, con sanción en caso de incumplimiento grave, a las resoluciones que emitan las comisiones nacionales y estatales de Derechos Humanos; el conocimiento y observancia de estos derechos será asignatura regular en la formación de los nuevos elementos policiales. Se excarcelará, en observancia de las disposiciones legales, a las personas que, sin haber cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivos políticos, y se buscarán las vías para dejar sin efecto los actos procesales de vinculación a proceso y los juicios penales originados por los acusados en actos de protesta legal y pacifica; se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado, por un cuerpo de seguridad del Estado. El gobierno federal no tolerará los atropellos impunes desde el poder en contra de la ciudadanía”.
La importancia de este apartado tiene un impacto mayúsculo en las atribuciones que al día de hoy tienen las comisiones de derechos humanos en el país, ya que, tal como se encuentra previsto en el artículo 102 apartado “B” segundo párrafo; “los organismos de defensa de los derechos humanos pueden formular recomendaciones públicas, no vinculatorias” dichas recomendaciones; son aquellos actos que no crean deberes u obligaciones, porque ello. implicaría invadir los ámbitos de competencia de otras autoridades y servidores públicos, incluso, las del poder judicial, y podría atentar contra los principios de legalidad y seguridad jurídica al permitir que dos órganos diferentes conocieran del mismo asunto y pudieran resolverlo en forma contradictoria. Sin embargo, en este sentido es necesario buscar los instrumentos jurídicos adecuados para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones Estatales, se encuentren dotadas de atribuciones que permitan el cabal cumplimento de sus recomendaciones, que hacen a las autoridades administrativas en los ámbitos federal y estatal. México, requiere de organismos defensores de los derechos humanos más dinámicos y que cuenten con instrumentos que tengan los debidos alcances para proteger los derechos humanos, no se puede seguir aceptando todas las recomendaciones que realizan las comisiones de derechos humanos y solo acatar unas cuantas, como fue el caso de la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, en la que la CNDH, emitió casi 300 recomendaciones a servidores públicos de su gobierno y se cumplieron menos del 20%.
Asimismo, en este apartado del PND, se propone el nuevo perfil de los cuerpos policiacos que deberán tener una formación en derechos humanos que les permita realizar sus funciones, sin menoscabar derechos de la sociedad civil, y que urge para recuperar la confianza en aquellos que se encargan de nuestra seguridad.
Además, el mismo apartado del PND, en comento, refiere una revisión a los procesos (juicios penales) y en su caso liberación de aquellos que el gobierno federal en turno, por incomodidad les hayan dictado sentencias condenatorias y se encuentren recluidos en los Centros de Readaptación Social del País, restituyéndoles el derecho a la libertad de expresión establecida en tratados internacionales de los que México es parte, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otro lado, en el apartado del PND, que se alude, establece el compromiso del gobierno federal de que sus cuerpos de seguridad no atentarán en contra de la sociedad civil en desapariciones, asesinatos o tortura. No está por demás señalar, que de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se reportan más de 40,180 desaparecidos en todo el país a enero de este año.
En términos generales, las medidas planteadas en este apartado del Plan Nacional de Desarrollo, si se llegaran a concretizar generarían certidumbre, permitirían el libre desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos de la sociedad civil y serían un ejemplo para la comunidad internacional en materia de derechos humanos.
Finalmente, aprovecho para felicitar y reconocer a esta gran casa editorial por su 75 aniversario, que me permite difundir con plena libertad las ideas que se plasman en esta columna semanal de derechos humanos. ¡MUCHAS FELICIDADES!
- Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como profesor colaborador en la Facultad de Derecho y C.S., Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios.
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