La senadora Nancy de la Sierra Aramburo, propuso un acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los gobiernos estatales y municipales a implementar un plan económico para proteger las fuentes de empleo ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, sin violar los derechos laborales de las y los trabajadores al servicio del estado.
Afirma que el país atraviesa una crisis de salud debido a la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-coV2 (Covid-19) la cual es una enfermedad respiratoria sumamente contagiosa y peligrosa para la población, por el cual hasta la fecha la Secretaría de Salud ha reportado un total de 2143 casos confirmados; 5209 casos sospechosos y 94 defunciones causadas por este virus.
Reconoció que la SS ha tomado acciones concretas para prevenir el contagio por medio de campañas que nos invitan a quedarnos en casa y tomar una sana distancia, además de ofrecer conferencias de prensa diarias donde se ha informado a la población el desarrollo de esta epidemia en México.
Por otra parte también señaló que las consecuencias económicas de esta contingencia sanitaria serán catastróficas y reprochó que los distintos órdenes de gobierno no han actuado de manera inmediata para subsanar las afectaciones económicas del sector empresarial, brindando atención a los negocios más pequeños.
Por su parte diversas organizaciones empresariales han manifestado sus inquietudes respecto a la poca posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) sobrevivan a las circunstancias que atraviesan a raíz de la llegada del Covid-19 a México, pues estás empresas crean 72% de los empleos y generan el 52% del Producto Interno Bruto mexicano.
Por esta razón la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) y el Centro de Competitividad de México (CCMX) han declarado que en los siguientes dos meses podría dejar de operar el 77% de las MIPYME, además el 40% tendrá dificultades para pagar sus impuestos, el 25% tendrá que despedir personal y el 31% tendrá problemas para pagar sus créditos.
Beatriz Camacho Ruiz, quien es la Consejera Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en el estado de Puebla, expresó que es insostenible para las MIPYME dejar de recibir ingresos a raíz de esta contingencia, aunado a que el estado no facilita el cese de sus gastos.
Mencionó que este escenario ha sido aún más difícil de enfrentar, considerando que el Gobierno Federal he exhortado con urgencia al sector empresarial a cumplir con sus obligaciones laborales para/con sus trabajadores.
Aceptó que los derechos laborales deben respetarse siempre, pero aclaró que también es necesario que todos los niveles de gobierno apoyen a los negocios pequeños para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y la estabilidad financiera necesaria durante las complicadas circunstancias que hoy sufre nuestro país.
Por su parta, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rindió un informe trimestral en el que señaló que para hacer frente a los efectos económicos de esta crisis sanitaria y económica, se aumentará la inversión pública para generar dos millones de empleos, se aplicará el programa de créditos de la banca de desarrollo y de las instituciones de vivienda, y se acelerarán las devoluciones pendientes de IVA a las empresas.
El titular del Ejecutivo Federal señaló que para financiar el plan económico, disminuiría los salarios de altos funcionarios, además de eliminar sus aguinaldos, pese a que esto no se podría efectuar, pues en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todos los funcionarios públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, lo cual incluye al aguinaldo; así como el artículo 123, fracción IV constitucional, que indica que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida.
Finalmente afirmó que dicho plan económico cuenta con tres principales defectos, no explica cómo es que se generan esos dos millones de empleos, no toma en consideración muchas propuestas del sector empresarial y la disminución de salarios de los altos funcionarios y la eliminación de sus aguinaldos constituye una flagrante violación a los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado.