El viernes 20 de marzo, el Gobierno Municipal presentó ante Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional a fin de que el máximo tribunal del país sea quien defina si el gobernador del estado de Puebla tiene o no facultades para remover y nombrar a la titular de la Policía Municipal.

Asimismo, solicitó la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la Policía Municipal; con esto, el Gobierno Municipal y el Gobierno del estado deben dejar a las corporaciones policiales en el estado que se encuentran, es decir, a la baja de la incidencia delictiva. 

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Puebla señaló que lo contrario significaría violar la Constitución federal en su artículo 115 e imponer por la fuerza la decisión de alguno de los 2 órdenes de gobierno.

También se solicitó que este órgano judicial declare inconstitucional el nombramiento de delegados por tratarse de una autoridad intermedia, también prohibida en la Constitución mexicana.

Finalmente reiteraron que el Gobierno de la Ciudad se mantiene abierto en todo momento a la investigación objetiva y sin fabricación de pruebas de la corporación policial municipal, bajo el principio del combate a la corrupción y la dignificación de los cuerpos policíacos.

Fue la noche del sábado 21 de Marzo cuando comenzó a circular un mensaje de WhatsApp en el que se solicitaba la presencia de los uniformados, incluso de aquellos que se encontraran en su día franco, la noche del domingo para atender las indicaciones que se les dieran.

Algunas versiones apuntan a que fueron citados para realizar de la toma de la Policía Municipal, como ha sucedido en el pasado en las corporaciones de San Martín Texmelucan y Tehuacán, a fin de que quedara a cargo de la administración de Luis Miguel Barbosa.