Por mayoría de votos en el Pleno del Congreso del Estado, se aprobaron reformas al artículo 190 bis del Código Penal en cuya propuesta, enviada por el Ejecutivo del Estado, se establece que aumentarán las penas de prisión a los operadores de unidades del transporte público, taxis, servicios de arrastre y corralones que presten servicio sin concesión o permisos, las cuales van de ocho meses a seis años y multa de 100 a 500 veces de Unidad de Medida y Actualización.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia pronunció a nombre de la bancada que representa su postura en contra de la reforma al artículo 190 bis del Código Penal y evidenció algunos errores de redacción del dictamen, por lo que propuso que el dictamen regresara a Comisión para un nuevo análisis.
Por otra parte, por inconsistencias en la redacción del dictamen, la diputada Rocío García Olmedo, anunció su voto en contra, tras considerar que este no incluye las adecuaciones aprobadas en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Asimismo, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez se pronunció en contra de reformas al artículo 190 bis del Código Penal, donde cuestionó algunos planteamientos en el aumento de la pena corporal en el transporte informal o pirata, por dar un ejemplo.
Mientras que el diputado Héctor Alonso Granados criticó que el dictamen de reforma del Código Penal está revuelto y solicitó una explicación al respecto. En tanto que la diputada Vianey García Romero hizo un llamado a trabajar y no hablar desde intereses particulares.
Por su parte, la diputada María del Carmen Cabera Camacho explicó que el dictamen de reforma al artículo 190 Bis del Código Penal, fue modificado conforme las propuestas que realizaron las y los diputados que integran la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, en la sesión anterior.