El Gobierno Municipal refrendó su compromiso por la defensa de la autonomía municipal, y sostiene que, salvo en los casos de excepción que la Constitución Federal establece, el mando de las fuerzas públicas municipales le corresponde a la Presidenta, Claudia Rivera, y el control y evaluación de la institución policial es facultad exclusiva del Ayuntamiento de Puebla.
El pasado primero de abril, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Moisés Grajales Monterrosa, solicitó que los mandos de estructura y operativos municipales se presentaran para la realización de una evaluación, con el fin de determinar, a juicio de esa autoridad estatal, si resultan o no ser aptos para la función policial.
Lo anterior, en contravención a la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Federal y a la fracción IV del artículo 94 de la Ley de Seguridad Pública Estatal, pues el funcionario estatal se arroga la atribución que la Ley le otorga a la Presidenta Municipal que, al ser la figura competente y tener a su cargo la fuerza pública de la Ciudad, es la única facultada para solicitar una nueva evaluación.
En materia de combate a la corrupción y fortalecimiento de las instituciones policiales, el Gobierno de la Ciudad no ha escatimado en esfuerzos, los mandos operativos de la SSC han contado con certificados de control de confianza vigentes, expedidos por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, a cargo del servidor público estatal mencionado, asimismo la titular de la dependencia, María de Lourdes Rosales, es el primer mando que hace público mediante el Sistema Nacional de Transparencia.
El Gobierno de la Ciudad reiteró que buscará los mecanismos idóneos para fortalecer la confiabilidad que la fuerza pública municipal proyecta a la ciudadanía, de forma alineada a la política de combate frontal a la corrupción, principal bandera de la Cuarta Transformación. Sin embargo, continuarán las denuncias de los diversos actos de intimidación de los que está siendo objeto el Ayuntamiento de Puebla por parte del Ejecutivo del Estado, esta vez a través de una de las instituciones encargada de salvaguardar la adecuada coordinación en materia de seguridad pública entre el Estado y los municipios.
La administración local hace un llamado a las autoridades estatales a reforzar los mecanismos de coordinación, y dejar de lado este tipo de acciones que, carentes de todo cuidado a la técnica jurídica, violentan gravemente la distribución de competencias que el orden constitucional señala y proyectan la intención de querer someter, por todos los medios, a la subordinación irregular a esta autoridad municipal.
