En sesión pública ordinaria, el Pleno de la LX Legislatura aprobó por mayoría, en lo general, la expedición de la Ley de Educación del Estado de Puebla.
El propósito de la nueva Ley es actualizar el marco jurídico poblano y adecuarlo a lo establecido en la nueva Reforma Educativa, a fin de garantizar el acceso a una educación de excelencia, que contribuya al desarrollo económico, social y cultural del Estado, con la participación activa de estudiantes, madres y padres de familia, tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo.
También reconoce el derecho a acceder a la educación de todas las personas, desde la inicial hasta la superior y el fomento a una cultura de la paz y convivencia democrática en las escuelas, a través de acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia en el entorno escolar.
La Ley de Educación del Estado reconoce a la educación indígena para garantizar el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, y garantiza una educación que atienda las diversas capacidades y necesidades de las y los educandos para eliminar las distintas barreras del aprendizaje, a través de los servicios de educación especial.
Concibe a la educación para personas adultas como un impulso de vida, reconociendo sus capacidades, y fomentando estilos de vida saludables en las y los estudiantes, con la activación física, hábitos de alimentación, práctica del deporte y la educación física, además de establecer la obligación del estado para promover acciones de carácter alimentario en escuelas ubicadas en zonas de marginación y pobreza.
Para lograr este propósito, se contempla un proceso educativo basado en las “4-A” de la educación, que son: la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad.
Durante la discusión de este Dictamen, el diputado Hugo Alejo Domínguez subrayó que el Dictamen de la Ley de Educación del Estado de Puebla es producto de un ejercicio de trabajo consensado, donde se dio cabida a diversas opiniones, tanto de diputadas como de diputados, así como como de diversos sectores de la educación y autoridades del ramo.
Por su parte, la diputada Mónica Rodríguez Della externó su desacuerdo con el Dictamen de Ley, ya que consideró, limita la capacidad de innovación en contenido y metodología de enseñanza y vulnera la vocación de excelencia de la educación, al incluir párrafos con contenido ideológico.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Oswaldo Jiménez señaló la necesidad de generar espacios de participación ciudadana y parlamento abierto para dar oportunidad a los diversos sectores de la sociedad involucrados en la educación, a realizar sus observaciones y propuestas.
De igual manera, el diputado Raúl Espinosa Martínez manifestó su desacuerdo por la falta de apertura para escuchar las voces de diversas organizaciones educativas, por lo que consideró la necesidad de regresar a comisiones el Dictamen de Ley para continuar con su discusión y análisis.
En su momento, el diputado Gabriel Biestro expresó que la nueva Ley de Educación cuenta con elementos básicos como el derecho a la educación como eje fundamental del desarrollo del Estado de Puebla, con la finalidad de garantizar que los servicios educativos de calidad lleguen a toda la población, apoyándose de cuatro ejes rectores, como son la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad.
En este sentido, el diputado José Juan Espinosa consideró que el Dictamen de la Ley de Educación del Estado es ambiguo y no cumple con los estándares de participación ciudadana y democratización.
De igual manera, el diputado Javier Casique propuso hacer modificaciones al Dictamen, con la finalidad de que el nuevo ordenamiento legal no se convierta en letra muerta, por lo que propuso hacer modificaciones al artículo 105, para evitar vacíos legales y garantizar la voz de las y los ciudadanos.
Al dar a conocer su posicionamiento, la diputada Vianey García señaló que el Dictamen de la Ley de Educación del Estado de Puebla permitirá que este sector sea la base para la formación de las y los ciudadanos desde una formación humanista, con el aprovechamiento pleno de la ciencia y la tecnología, así como la promoción de un estilo de vida saludables y la prevención socioemocional.
El diputado Carlos Alberto Morales, consideró la necesidad de regresar el Dictamen a la Comisión de Educación, con la finalidad de continuar con un análisis razonado, que permita un ordenamiento legal congruente con las necesidades sociales y que evite el conflicto de leyes.
En su momento, la diputada Nora Merino señaló que la Ley de Educación del Estado establece de manera puntual la armonización de la ley general en la materia, que es una ley humana preocupada por el bienestar de las alumnas y los alumnos, que concibe la educación como un derecho y que coloca al centro de la educación a las niñas, niños y adolescentes. La legisladora reiteró que los bienes de las instituciones privadas solo pasarán a formar parte del registro del sistema educativo estatal, pero no pasarán a formar parte de los bienes del estado.
En su intervención, la diputada Tonantzin Fernández subrayó que la nueva Ley de Educación permitirá una educación de excelencia, humanista, de valores y de mejora continua, que beneficiará a las y los jóvenes de la entidad, al salvaguardar sus derechos, ya que no se permitirá la retención de documentos, condicionado al pago de alguna contraprestación.
Durante la discusión del Dictamen, la diputada Rocío García Olmedo hizo un llamado a trabajar en la ley estatal y adecuarla a las necesidades del Estado de Puebla, para que sea factible en su aplicación, así como retomar el parlamento abierto hacia una nueva forma de hacer política en la que los ciudadanos sean el eje central de las decisiones.
Finalmente, el diputado Juan Plablo Kuri Carballo propuso evitar sanciones y multas a instituciones educativas que evitaron aumentos desmedidos o que se unieron a los programas de apoyo ante la pandemia de Covid-19.