Ante la iniciativa de reformar la naturaleza del matrimonio en el Código Civil del Estado de Puebla, definiéndolo como “un contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad, para llevar una vida en común con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones”, en el cual se elimina la noción del matrimonio “entre un solo hombre y una sola mujer”; la Arquidiócesis de Puebla manifiesta su extrañamiento, debido a que la situación que vivimos actualmente requiere de atención prioritaria a otros temas en la agenda legislativa como: la garantía de la seguridad, la salud para todos, la educación de calidad, el trabajo digno o el fortalecimiento de la familia como célula de la sociedad.
La Iglesia, siempre respetuosa de las instituciones y de las autoridades legítimamente establecidas, tiene también el derecho de expresar sus convicciones, una de las cuales es la importancia de la familia para la supervivencia y desarrollo de la sociedad, tal como ha sido concebida de manera constante en los ámbitos antropológico, jurídico, cultural y social. Dicha institución familiar, por la estructura biológica y el sentido común, sólo tiene fundamento en la unión del hombre y la mujer, que se unen para toda la vida, en una relación exclusiva, para acompañarse, procrear y educar a los hijos.
Desde el punto de vista social, el matrimonio formado por un hombre y una mujer, merece una especial protección porque es la base de la familia que a su vez da origen y forma a la sociedad; dicho vínculo matrimonial también debe ser afirmado en su integralidad, atendiendo a la importancia de reconocer el valor que en ella tienen las diferencias que brotan de la figura femenina y la figura masculina. Cada una de ellas, con su sensibilidad y sus atributos peculiares que son insustituibles, hacen posible la riqueza en la complementariedad, misma que se verifica desde la posibilidad de procrear, hasta el modo propio de cada uno de participar en la acogida de la vida, el crecimiento humano y equilibrado de los hijos, las funciones educativas y la responsabilidad social. La homologación del vínculo matrimonial con otras formas de convivencia, como ocurre con las uniones de parejas del mismo sexo, llega a constituir una injusticia, porque anula el reconocimiento de las diferencias y la complementariedad antes mencionadas.
El comentario del Papa Francisco durante una entrevista: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente,” fue mal interpretado. En ningún momento el Papa homologó las uniones de parejas del mismo sexo con el matrimonio, ni habló de un derecho a casarse, a formar una familia adoptando niños; mucho menos a un matrimonio religioso.
Ciertamente la Iglesia no reconoce las uniones homosexuales. Sin embargo, no rechaza que una ley de “sociedades de convivencia” o de “uniones civiles”, sin ser llamado matrimonio, ofrezca la posibilidad de proteger un bien social atendible, como recibir seguridad social, prestaciones laborales, atención en la enfermedad o protección para no quedar desamparado a causa de alguna incapacidad, o eventualmente pueda llegar a tener participación en una herencia, etc. Estas leyes serían no sólo para personas homosexuales, sino también para personas de diferente sexo, no casadas, que deciden compartir su vida y sus bienes.
Así pues, al tiempo que la Iglesia reitera que “toda persona, independientemente de su orientación sexual, ha de ser respetada en su dignidad, y tratada con compasión y delicadeza, procurando evitar todo signo de discriminación injusta, y particularmente cualquier forma de agresión y violencia” (Amoris Laetitia 250; Cat. 2358), hace un firme llamado a fortalecer a la familia, pues de la cohesión familiar depende que la violencia disminuya, la economía crezca y la sociedad se desarrolle.
