Poblanos tendrían que recaudar 5 mil mdp de no aprobarse la Ley de Ingresos 2021

El Ayuntamiento de Puebla anunció la propuesta sobre la Ley de Ingresos 2021 y se informó que de no aprobarse esta, se tendría que trabajar con la Ley de Ingresos 2020, obligando a los poblanos a alcanzar la meta de más de 5 mil millones de pesos.

En rueda de prensa la Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco, acompañada por el tesorero municipal, Armando Morales Aparicio, y la secretaria del ayuntamiento, Liza Aceves López, presentó la nueva Ley de Ingresos 2021 en la que destacó que no contempla nuevos impuestos como se había comentado.

Rivera Vivanco destacó que de no aprobarse esta ley en el congreso, se tendría que seguir trabajando con la Ley del ejercicio 2020, obligando a la población a alcázar una tasa de 5 mil millones de pesos, por lo que argumentó que confía en que los diputados y diputas locales aprobarán esta ley, pues sería incongruente dejar una normativa por arriba de la caída de los recursos.

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Por su parte Armando Morales, tesorero municipal, comentó que la ley de ingresos para el ejercicio 2020 tenía una recaudación de 5 mil millones de pesos, sin embrago, debido a la crisis económica derivada por la pandemia de Covid-19 se realizó un ajuste a la baja para el 2021, contemplando un monto de 4 mil 609 millones de pesos.

Destacó que la ley 2020 constaba de 64 artículos, mientras que la nueva propuesta consta de  120 artículos, en la que se contempla la reducción de tarifas como es el pago por el uso de las canchas en los espacios deportivos, pasando de un cobro mensual a un pago proporcional al uso de las instalaciones, así mismo puntualizó que se redujo de 200 a 100 por ciento el pago de anuncios comerciales.

Finalmente la secretaria del ayuntamiento, Liza Aceves, argumentó que las declaraciones por parte de algunos regidores sobre que esta Ley contempla nuevos impuestos se trata de un mal entendido, pues aclaró que en su aprobación por el Cabildo el pasado 13 de noviembre, también se aprobaron dos reservas la eliminación de servicios que generen nuevos cobros y el eximir el pago de la regularización de la tierra.