El juicio contra los cuatro trabajadores de la empresa presuntamente implicada en el accidente aéreo en el que perdieron la vida la ex gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y el  Rafael Moreno Valle, pondría en duda el peritaje final presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según revela un reportaje de la revista proceso.

El pasado 24 de Diciembre de 2020, a dos años del accidente aéreo donde viajaban los exgobernadores de Puebla y tres personas más, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) detuvieron a José Antonio N., propietario de la empresa Rotor Flight Service, Ricardo N., mecánico en aeronáutica, Israel N., especialista en electricidad y María Magdalena N., especialista en aeronáutica, quienes estuvieron a cargo del mantenimiento de la aeronave.

Los detenidos fueron vinculados por los delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad en declaración, así como por los daños al terreno en el que cayó la aeronave y por no haber declarado sobre la supuesta falla que el peritaje considera como la causa probable del percance.

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De acuerdo con la revista, durante la audiencia inicial por la casusa 287/2020, el pasado 29 de Diciembre de 2020 en la Casa de Justicia de Cholula, el perito en aeronáutica Raúl Sánchez Hernández, sostuvo que la falla simultánea de los dos actuadores de la aeronave presentada como causa probable del siniestro por la SCT, nunca se ha presentado en la historia de la aeronáutica mundial.

Cabe destacar que Sánchez Hernández conoció a detalle el peritaje del hecho, mientras colaboró en la Fiscalía General de la República; dicho documento concluyó que la causa probable de la caída del helicóptero Augusta A109S, ocurrida el 24 de diciembre de 2018, fue una pérdida de control debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto, cabe destacar que este veredicto fue firmado por José Armando Constantino Tercero, representante de la Agencia Federal de Aviación Civil.

“Se debió posiblemente a que ambos actuadores lineales de alabeo se extendieran de manera simultánea, sin haber sido comandados.”, afirma el informe.

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Por su parte Gilberto Vladimir Montalvo González, abogado de los detenidos, señaló que sus clientes eran sólo unos chivos expiatorios, pues no existe una prueba que sustente su culpabilidad en el percance, pues la FGE soló retomó el peritaje emitido por la SCT que habla de una causa probable, pero no hizo ninguna otra investigación.

Incluso el litigante pidió al juez no tomar en cuenta dicho informe, pues aseveró que no está fechado ni ubicado en ninguna parte, además de que se dice que está avalado por instituciones y especialistas internacionales, pero no está firmado por ninguno de ellos.

A su vez, Sergio Arana Monroy, abogado del propietario del taller, indicó para el semanario que ni la SCT ni ninguna otra autoridad han probado de manera contundente la causa del fatal accidente en suelo poblano, hecho por el que tampoco pueden existir responsables.

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Incluso el reportaje señala que el propio abogado de la familia de la entonces gobernadora de Puebla reclamó al ministerio público que el documento de la SCT no era concluyente, por lo que se debía continuar con la investigación.

Por otra parte el 28 de diciembre el portal de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial A21 publicó que la acción penal contra los trabajadores de Rotor Flight Service no está ligada al dictamen oficial, debido a que el mismo no señala al personal técnico como el responsable.

Montalvo González agregó que los detenidos sostienen que la falla del actuador lineal que reportaron no era crítica ni podía haber sido la causa de que el helicóptero cayera, pues incluso después de reportarla la aeronave realizó 53 vuelos antes del percance.

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Otra anomalía que se encontró en el juicio es que Rotor Flight informó que para realizar el cambio de la pieza se bebía detener la aeronave, por lo que en un intercambio de correos electrónicos, contenido en el peritaje oficial, la empresa SAA de José Antonio y Rafael Torre Mendoza niega la autorización para el procedimiento debido a una “agenda llena de vuelos”.

Incluso los familiares de los señalados, se apegan a la versión de que dicha aeronave no era de renta y en realidad pertenecía a Rafael Moreno Valle, esto debido a que como senador de la república ya no contaba con un helicóptero oficial para trasladarse y se encontraba en realizando giras con panistas de todo el país con motivo de sus intereses políticos.

Incluso la propia revista Proceso señala que el 16 de septiembre del 2016, cuando aún era gobernador de Puebla, Moreno Valle utilizó la misma aeronave matrícula XA-BON para acudir a un encuentro partidista en Taxco, Guerrero.

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Por su parte Eduardo Rojano, otro de los abogados de la empresa señalada, apunta a que de acuerdo con la Ley de Aviación Civil, la responsabilidad de volar aún con la falla es del piloto, mismo que representaba a la empresa Servicios Aéreos del Altiplano.

Sobre esta última empresa incluso hubo versiones de que la Fiscalía General del Estado de Puebla también habría girado órdenes de aprehensión contra el dueño y trabajadores de la misma.

En el caso de la falla, el informe de la SCT indica que para que existiera un evento catastrófico se tenía que registrar una falla en ambos actuadores, pero justo en el actuador SAS2 por el que fueron detenidos los señalados, no presentó ningún desprendimiento de piezas.

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Incluso los litigantes recurrieron al manual de la aeronave Augusta A109S mismo que en su sección de procedimientos de emergencia no señala ninguna falla de este estilo, por lo que la empresa acusada no podría haber previsto dicho desperfecto, pues hasta el mismo informe apunta a que compañía no manipulaba el interior de las piezas.

Finalmente el reportaje concluye con que en la CDI 19766 de la Unidad Especializada de Homicidios de la FGE se incluye una entrevista con un ajustador de seguros de la empresa Global Aerospace, misma con la que se encontraba asegurada la aeronave, el Augusta XA-BON se encontraba asegurado por 2 millones 400 mil dólares y la causa probable del percance asentada para cobrar el monto fue “un error del piloto”.

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