La noble tarea de la defensa de los derechos humanos

Antes de iniciar esta columna, aprovecho para desearles un feliz año 2021, que inicia con grandes retos como: erradicar la pandemia de la CIVID-19, generar empleos, hacer crecer la economía del país que tanta falta hace, mejorar la seguridad pública, regresar a las escuelas, entre otros. Y, seguro estoy que la solidaridad de los ciudadanos y el trabajo serio del gobierno contribuirá para cumplir con dichos retos.

  

                        Esta primera columna del año, quiero dedicarla a la noble tarea de la defensa de los derechos humanos que realizan organizaciones y personas a lo largo y ancho de México; dicha tarea está prevista en la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas; que establece  el derecho de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos que toda persona tiene, ya sea individual o colectivamente, y que permite atribuir a una persona o grupo de personas la condición o estatus de defensor de derechos humanos, determinado por la actividad misma de promoción por ellos y ellas realizada, independientemente de si dicha labor se ejerce a cambio de una remuneración o de su pertenencia a alguna organización.

 

                        Las personas defensoras de derechos humanos son piezas importantes dentro de un sistema democrático, ya que contribuyen a su fortalecimiento y a que haya un Estado de Derecho, lo cual, beneficia a las sociedades en su conjunto y en lo individual a tener una vida más digna.

 

                        En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que: “(…) las defensoras y los defensores de derechos humanos contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, pues actúan como garantes contra la impunidad.

 

                        Asimismo, en el ejercicio de este derecho, las y los defensores de derechos humanos contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos, además, la importante labor que realizan, permite alertar y documentar abusos a los derechos humanos, acompañando a las víctimas, fortaleciendo el Estado de Derecho, cuestionando la impunidad y activando los mecanismos que mantienen vivos los sistemas democráticos, fortaleciendo la democracia y  la paz en nuestras sociedades. Y, es tal la importancia del reconocimiento de la democracia, que la propia Corte Interamericana ha señalado que es “uno de los pilares esenciales para nuestro sistema de derechos humanos en todo el continente y que ha sido reafirmado por los Estados en la Carta de la Organización de Estados Americanos.

 

                        El ejercicio de la defensa de los derechos humanos implica muchos riesgos, y es así, que las personas defensoras que afrontan mayores peligros en el desempeño de su labor, son aquellas que defienden los derechos de los pueblos indígenas, la tierra y el medio ambiente, quienes concentran el 40 % del total de estos asesinatos que ocurren. En México se tiene una ley que protege su actividad, denominada “Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, que para su ejecución depende del poder ejecutivo, particularmente de la Secretaría de Gobernación Federal.

 

                        Es necesario que exista un reconocimiento a la figura de los defensores de derechos humanos, para mejorar el trato que reciben de las autoridades o terceros y, ser debidamente protegidos en el desarrollo de su actividad, que no dependa directamente del poder ejecutivo la implementación de medidas de protección a su quehacer, sino que dependa de organismos autónomos, para que el gobierno no sea juez y parte.

 

                        Los defensores de los derechos humanos en el ejercicio de sus actividades, ejercen simultáneamente el derecho de la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica, la libertad de asociación, los derechos políticos o el derecho a disponer de recursos eficaces, entre otros.

           

 

  • Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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