A través de un comunicado a través de sus diferentes canales de comunicación la UPAEP fijó una postura ante las recientes decisiones que ha tomado el Congreso de la Unión, señalaron que la universidad en sus 50 años de historia, han colaborado con diferentes instancias gubernamentales, empresariales y sociales, en la construcción de acuerdos que signifiquen desarrollo humano y social, desde una perspectiva de bien común, apostando a tender puentes para un diálogo constructivo, incluso con quienes no coinciden en diversos temas, con la lucha de generaciones de ciudadanos, instituciones más transparentes, así como un régimen más democrático y con mayores libertades.
Es por esto que los hechos consignados la semana anterior en el Congreso de la Unión les preocupa sobre manera, pues se aprueba una Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en un proceso que ha sido seriamente cuestionado y cuyas propuestas representan un sensible retroceso, tanto para el desarrollo científico como académico a nivel nacional.
Expresaron que la participación de todos los actores del mundo científico es fundamental para atender los graves problemas que enfrenta nuestro país en materia de pobreza, salud o seguridad, solo por mencionar algunos muy relevantes. La cancelación de los diálogos y el enriquecimiento de propuestas a través del Parlamento Abierto; frenar la colaboración científica pública y privada; la discriminación implícita en la ley apenas aprobada por los diputados, la cual excluye a los estudiantes de posgrado de recibir becas y apoyos gubernamentales y que deja fuera a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de poder acceder a los estímulos que otorga el Estado para la producción científica impactará gravemente en la atención de temas prioritarios para bien de la ciudadanía.
Leer más: José Antonio Martínez, titular de salud, destaca a la UPAEP durante Feria de la Salud
Por lo anterior, hicieron un llamado al Congreso de la Unión a reponer este proceso, para la elaboración de una ley que se construya de manera participativa y que verdaderamente atienda a las necesidades nacionales, a la investigación científica y a todos sus protagonistas: instituciones públicas y privadas, centros de investigación, desde una perspectiva de inclusión, innovación, justicia y bien común.
