El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Díaz-Santana, reconoció al gobierno que encabeza Tony Gali, por contar con funcionarios con alto sentido de la responsabilidad social, interesados en el buen desempeño de los próximos comicios, al firmar un convenio de trabajo y compromiso por el Blindaje Electoral.
Tony Gali enfatizó que al disputarse cargos públicos de los 3 órdenes de gobierno, es fundamental garantizar condiciones de equidad en la contienda, a través de acciones conjuntas en las que participen actores políticos y sociales; en este sentido, anunció la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Puebla.
Precisó que el fortalecimiento del federalismo, la democracia y el Estado de Derecho, son prioridad de su administración, así como la identificación, detección y denuncia de conductas que pongan en peligro los comicios pues, con ello, se contribuye al establecimiento de un sistema político regido por la libertad y la tolerancia.
En tanto, Héctor Díaz-Santana informó que en coordinación con el gobierno del estado, se ha puesto en marcha un pre despliegue ministerial, a fin de realizar un simulacro de las elecciones para instruir a policías, ministerios públicos, fiscales y ciudadanos para reaccionar ante alguna dificultad o acto ilícito, lo cual, resaltó, no sería posible sin el respaldo de Tony Gali.
Puntualizó que con estas estrategias, el estado de Puebla tendrá unas elecciones bajo principios de civilidad democrática, contribuyendo a que la sociedad salga a votar y que cada una de las boletas sea contada de manera correcta. El Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco, destacó que el próximo primero de julio, Puebla y el país enfrentarán el mayor reto de cualquier democracia, en el cual la imparcialidad es un requisito que no puede pasar por alto.
El Consejero Jurídico del Ejecutivo, Armando López, manifestó que las circunstancias obligan a todos los servidores públicos a un ejercicio ejemplar, implementando acciones prioritarias que atiendan los principios constitucionales de la procuración de justicia.