En mesa de trabajo con regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico Competitividad y Trabajo, la Contraloría Municipal, a través de la encargada de despacho de la Unidad de Mejora Regulatoria, Mayela Lora Solís, presentó la Integración del Programa Municipal de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Puebla 2019 – 2021.
Dicha comisión será la encargada de dictaminar el referido programa para su posterior aprobación ante el Cabildo poblano. En este contexto, Lora Solís explicó que dicho programa consiste en 10 líneas de acción, destacando la digitalización de trámites prioritarios, a fin de reducir los plazos de atención a usuarios y los costos sociales.
Actualmente, el Ayuntamiento de Puebla únicamente cuenta con 10 trámites totalmente digitalizados -calificación y cobro de infracciones de tránsito, constancia de uso de suelo, factibilidad de uso de suelo, licencia de uso de suelo específico, por mencionar algunos-, por ello se trabaja en coordinación con las distintas secretarías para ampliar el catálogo de trámites digitales.
Otra de las bondades de esta acción es brindar a las y los ciudadanos certeza durante los procedimientos y con ello inhibir posibles actos de corrupción y discrecionalidad.
De igual forma, se contempla la implementación de proyectos específicos de simplificación y mejora regulatoria al interior de cada una de las dependencias y entidades del municipio, esta acción tendrá prioridad en las que se detecte sean más susceptibles a actos de corrupción.
Otra de las líneas de acción es el fortalecimiento de la Protesta Ciudadana, a través de un mecanismo que regule su procedimiento. Se pretende hacer uso de las nuevas tecnologías para que la protesta se presente y se observe el seguimiento en medios electrónicos, esta acción pretende reducir los tiempos y costos que invierten los usuarios.
Por instrucciones del Contralor, Mario David Riveroll Vázquez, las 10 líneas de acción abarcan la implementación de un esquema de combate a la corrupción que promueva la eficacia y eficiencia del quehacer gubernamental para contrarrestar la opacidad del actuar de los servidores públicos municipales.