Durante la conferencia "Ética e Integridad" que se efectuó en el marco del Día de la Integridad, Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), convocó al Poder Judicial a actuar con conciencia social, sensibilidad y respeto absoluto a la ley a fin de fortalecer a la institución.
“El privilegio que tenemos de garantizar los derechos fundamentales nos obliga a quienes impartimos justicia a tener sensibilidad, es ahí donde la ética y la integridad juegan un papel fundamental. Ya no podemos ser estrictamente idealistas, debemos respetar los derechos, ponderarlos, hacer valer los instrumentos internacionales y, sobre todo, lograr que la institución a la que pertenecemos se fortalezca con nuestro actuar”, indicó.
Subrayó que el Poder Judicial cuenta con un Código de Ética desde 2005 y actualmente se trabaja en el Pleno y en Comisiones del Tribunal Superior de Justicia para mantenerlo actualizado, toda vez que debe estar a la altura de las demandas que establecen la Carta Magna y los tratados internacionales.
La ponencia fue impartida en el Auditorio de la Universidad Interamericana por el Doctor Ares Nahim Mejía Alcántara, Titular de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Intereses de la Secretaría de la Función Pública Federal (SFP), quien destacó que el Estado Mexicano es corresponsable en el fomento de una cultura de integridad y buenas prácticas comerciales, tanto en sectores públicos como privados.
Asimismo, advirtió que la corrupción impacta a la libre empresa y a la competencia económica del país, ya que de acuerdo a datos del Banco Mundial representa el 9% del Producto Interno Bruto del país y un costo total por actos de corrupción de 7 mil 218 millones de pesos para la población, de acuerdo a los resultados de la Encuesta ENCIG 2017/ENCRIGE 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Finalmente, Mejía Alcántara sostuvo que para combatir la corrupción es fundamental que todas las instituciones cuenten con herramientas y un Código de Ética que establezca principios acordes a los de la Constitución y valores con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el documento debe ser redactado con un lenguaje sencillo y claro que facilite su comprensión, además de ofrecer capacitación al personal sobre su contenido y aplicación.
