A más de un año de haber adicionado el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y reformado y adicionado los artículos 2 y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el fin de que a los estudiantes con discapacidad auditiva se les proporcione educación bilingüe en Lengua de Señas Mexicana, potenciar el máximo de habilidades y capacidades de los estudiantes con discapacidad y diseñar e implementar programas de formación docente en Lengua de Señas Mexicana, no ha sido posible incluir en toda la oferta educativa tanto pública como privada a este sector de la población, por lo que, se requieren de mayores esfuerzos para dar vida a estos mandatos normativos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014, en México existen 2.4 millones de sordos, más de 84 mil son menores de 14 años; de ellos, el 46 por ciento, no asiste a la escuela, sumándose a los más de 124 mil jóvenes sordos de 15 a 29 años, de los cuales el 28 por ciento no tuvieron ningún tipo de educación; esta realidad obedece a una falta de inclusión efectiva, de igualdad y de las limitaciones que existen para atender a un sector de la población que exige en silencio ser tomados en cuenta dentro de las políticas públicas educativas entre otras.
Las personas con discapacidad auditiva no tienen un síntoma visible de su discapacidad, por lo que nadie lo advierte hasta que les habla, esta incomunicación los aísla y orilla a convivir predominantemente con otros sordos, lo que genera entre ellos, una cultura apartada del resto, con su propio idioma y sus propios códigos; volviéndolos invisibles en nuestro país, en el que son insertados en el paquete de todas las discapacidades, tanto en atención y trato como en recursos para su educación.
Debemos comprender que cada persona con esta discapacidad es diferente de otra, pero comparte con otro sordo una de las necesidades fundamentales de todo ser humano: la de comunicarse en una lengua accesible para él, la necesidad de comprender y ser comprendido por los que lo rodean. Es allí, donde las autoridades educativas y la sociedad debemos incluir a este grupo vulnerable, de manera efectiva en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta en nuestra Carta Magna contemplan el derecho de nacer libres e iguales ante la ley, pero por condiciones físicas o psíquicas los seres humanos van adquiriendo condiciones diferentes, que requirieren un trato distinto a aquellos que tienen plenitud en sus capacidades. Es necesario empoderar a este sector de la población, permitiéndoles desarrollarse dentro de nuestras sociedades, interesándonos por aprender lenguas de señas con el objetivo de incorporarlos a nuestros núcleos sociales y dejar de segregarlos, sin oportunidades.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce y promueve el uso de las lenguas de señas. Establece que tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a los estados parte a que faciliten el aprendizaje de la lengua de señas y promuevan la identidad lingüística de la comunidad de las personas sordas.
Las personas con discapacidad auditiva tienen los mismos derechos que el resto de la población: a la educación, a votar y ser votado, a la salud, a la propiedad, al trabajo, libertad de expresión, de asociación, libertad de tránsito, derecho a la seguridad, entre otros.
Seamos incluyentes y respetemos los derechos humanos de todas las personas.
- Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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