Desde que tomó posesión del Poder Ejecutivo –primero de agosto 2019-, Miguel Barbosa Huerta se dedicó a propalar que en su gestión “no tendrían cabida funcionarios corruptos y que aplicaría la Ley a integrantes de administraciones pasadas que hayan desviado recursos públicos para enriquecerse”.
La ciudadanía le aplaudió.
Y los “pájaros cantores del barbosismo” lo vitorearon.
Más la “cacería” se abocó contra los funcionarios nombrados por el mismo Barbosa.
No solamente realizó más de 23 cambios de Secretarios y del gabinete ampliado.
Sino ordenó al Fiscal General del Estado -Gilberto Higuera Bernal-, abriera Carpetas de Investigación contra ex gobernadores, ex funcionarios y servidores públicos en activo.
Cesó y mandó a prisión a Guillermo Aréchiga Santamaría, Secretario de Movilidad y Transporte.
A través del Congreso inhabilitaron a Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado, para después mandarlo a la cárcel.
Corrió al Secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez y tiene abierta Carpetas de Investigación en la Fiscalía.
Despidió al titular del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, quien también enfrenta litigios en juzgados del Estado.
El ex gobernador José Antonio Gali Fayad y su familia optaron por exiliarse en Europa.
El periodista Fernando Alberto Crisanto tuvo que dejar Puebla ante la orden de aprehensión que le giró un juez estatal.
ASF DESNUDA AL GOBIERNO
DE BARBOSA HUERTA
Pero…
Resulta que el tan “cacareado” combate a la corrupción que “abanderó” Luis Miguel Gerónimo Barbosa durante 3 años, tres meses y 13 días… fue un mito, una leyenda, una mentira.
Sin hacer escarnio –ni nada que se le parezca- a raíz de su muerte, resulta que se dio a conocer el Tercer Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
Ahí, la Auditoría Superior de la Federación –ASF- desnudó la gestión gubernamental de Barbosa Huerta.
Su “combate” a la corrupción fue una total falacia.
Un vil engaño.
Veamos:
Uno.- La ASF encontró irregularidades en cuatro áreas del Gobierno de Puebla, y una del Ayuntamiento de la Capital por 3 mil 163 millones 111 mil pesos, cometidas durante el ejercicio Fiscal 2021.
Dos.- Puebla está entre los estados con más anomalías detectadas, por lo que ocupa el sexto lugar a nivel nacional en montos faltantes de aclaración sobre el uso de participaciones federales
Tres.- Las anomalías detectadas corresponde a Educación, Infraestructura Social en materia de Salud, Saneamiento Financiero, Participaciones Federales y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Cuatro.- El faltante original ascendió a 3 mil 236 millones 197 mil pesos, pero el Estado y ayuntamientos solventaron 18 millones 617 mil 400 pesos.
Cinco.- De los principales conceptos de irregularidades en el Gobierno de Puebla destaca la falta de documentación justificativa, además de los pagos al personal adscrito a centros de trabajo no financiables con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo por 24.4 millones de pesos.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación detalla:
… En el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de la Secretaría de Educación tiene un presunto daño patrimonial de 24 millones 358 mil 800 pesos-
… En el rubro Saneamiento Financiero, correspondiente al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, tiene un faltante de 679 millones de pesos.
… El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas no justificó 5 millones 183 mil 400 pesos.
… En Participaciones Federales para el Gobierno del Estado no solventó la aplicación de 2 mil 478 millones 851 mil 500 pesos.
… Los contratos suscritos por el Municipio de Puebla financiados con participaciones federales tiene irregularidades por 15 millones 222 mil 800 pesos, correspondientes al último años de administración de la ex alcaldesa Claudia Rivera Pérez.
Respecto al presunto daño patrimonial de 7 municipios:
Los montos más grandes corresponden a los municipios de Cuetzalan del Progreso con 6 millones y San Pedro Cholula por 4 millones 605 mil 400 pesos.
Vicente Guerrero tiene anomalías por un millón 974 mil 400 pesos.
Libres de un millón 444 mil 200 pesos y Huauchinango de 341 800 pesos.
Chiconcuautla de 116 mil 600 pesos y Tecamachalco por 31 mil 990 pesos.
Lo anterior lleva al cuestionamiento:
¿El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina… tapará el “hoyo negro” de 3 mil 163 millones de pesos que le “heredó” su antecesor Miguel Barbosa Huerta?
¿Cargará con el millonario presunto desvío?
O bien:
¿Dará el “golpe de timón” al ordenar que los responsables de las áreas señaladas en el informe de la ASF… rindan cuentas?
¿De no hacerlo, pedirá a la Fiscalía General del Estado que abra Carpetas de Investigación?
A todo ello, ¿qué postura fijará Amanda Gómez Nava, “poderosa” titular de la Auditoría Superior del Estado, quien antes ocupó la Secretaría de la Función Pública y gracias a Barbosa llegó a ambos cargos?
¿Qué sigue?…
Al tiempo.
