No hay la menor duda que la política conlleva a gobernantes tener “extraños compañeros de viaje”, donde para algunos campea el principio de “tener al enemigo a un lado” –un cargo en la administración-, lo cual en algunos casos termina con un final feliz… “grandes amigos”; para otros la decisión indicada es mandarlos al exilio, o abrirles un proceso para que vayan a prisión.
Ahí están los caso de Dante Delgado Ranauro, ex gobernador del Estado de Veracruz, detenido y enviado al penal de Pacho Viejo en 1996, gracias a la operación que orquestó el entonces Secretario de Gobernación, y “Vice- Gobernador, Miguel Ángel Yunes, durante la gestión de Patricio Chirinos Calero; en abril de 1998 fue absuelto de las acusaciones de peculado y enriquecimiento ilícito.
Hoy Dante es Senador y dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano.
El de Pablo Salazar Mendiguchía, ex mandatario de Chiapas, aprehendido en junio de 2011 en Quintana Roo y trasladado al Amate, acusado por el gobernador Juan Sabines Guerrero; 15 meses después obtuvo su libertad.
En Puebla, Rafael Moreno Valle, en su toma de posesión se comprometió auditar la gestión de su antecesor Mario Marín Torres y de encontrar desvío… lo denunciaría, nunca lo hizo. Marín si está en prisión -año pasado-, es derivado del caso Lydia Cacho.
Moreno Valle murió, junto con su esposa gobernadora Martha Érika Alonso el 24 de diciembre de 2018.
Miguel Barbosa Huerta anunció que la Fiscalía General del Estado abriría Carpetas de Investigación contra ex funcionarios de Moreno Valle y del ex mandatario José Antonio Gali Fayad.
¿Qué pasó?
En los tres años y cuatro meses de mandato barbosista el único morenovallista encarcelado es Eukud Castañón.
Nadie Más.
Gali Fayad, después del obligado “exilio”, está de regreso en Puebla.
Y Barbosa Huerta falleció el pasado 13 de diciembre.
¿HASTA CUÁNDO CASTRO CORRO
SERÁ “COMPAÑERA DE VIAJE”
DEL GOBERNADOR CÉSPEDES?
Lo anterior viene a colación al destaparse el “pequeño” “hoy financiero” de 3 mil 300 millones de pesos a las arcas del Gobierno del Estado, que preside Sergio Salomón Céspedes Peregrina, desde el pasado 15 de diciembre.
De ese monto, corresponden 2 mil 700 millones a la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, derivado de una deuda al SAT –Servicio de Administración Tributaria- y cuyo litigio con la Secretaría de Hacienda inició en 2015.
Y 600 millones de pesos del erario estatal fueron depositados por la Secretaria de Planeación y Finanzas –SPF-, María Teresa Castro Corro, en el Banco Accendo, el cual quebró en 2021 y el dinero prácticamente se perdió, pues difícilmente el gobierno poblano podrá recuperarlo.
El “quid” está en que Castro Corro realizó la transacción bancaria durante el gobierno de Luis Miguel Gerónimo Barbosa, lo que lleva implícito que se hizo con su autorización, pero se “destapa” apenas este martes, obligado por el adelanto del periodista Alejandro Mondragón en su portal Status.
¿Por qué guardó silencio la –aún- Secretaria de Planeación y Finanzas?
¿Por qué Barbosa Huerta y Castro Corro no informaron, mucho menos dieron a conocer, que
el Estado estaba más que obligado regresar a la Secretaría de Hacienda los 2 mil 700 millones de pesos de impuestos de los ejercicios fiscales 2009 y 2010, que ilegalmente demandó al SAT, pero al descubrirse la acción dolosa, Hacienda demandó devolución del dinero, más intereses moratorios?
¿Por qué María Teresa durante 117 días no informó a Sergio Salomón de la pérdida de 600 millones al quebrar Banco Accendo, lo cual aconteció desde 2021 y el año pasado fue detenido el director Francisco Javier Reyes de la Campa?
Amén de las interrogantes, resulta grave –terrible y espeluznante- la declaración de Castro Corro:
… “La inversión fue con recurso que no era presupuestario, es decir, los programas de presupuesto jamás se han puesto en riesgo, son ejercicios que se encontraban apasivados –término financiero- para cubrir obligaciones futuras”.
… “Es obligación de cualquier gobierno invertir los recursos”.
… “No se puede hablar de un quebranto”.
Saz y recontra saz.
Vaya cachaza de la –aún- titular de Planeación y Finanzas.
En qué Ley, Decreto, Norma o Disposición del Gobierno Estatal se estipula que “ES OBLIGACIÓN de cualquier Gobierno invertir los recursos públicos”, los cuales son generados por los contribuyentes.
Con el formidable remate:
“No se puede hablar de quebranto”.
Por favor, señora Secretaria.
¿Sabe cuándo el Gobierno de Puebla recuperará los 600 millones de pesos?... nunca.
De ahí la obligada interrogante:
¿Hasta cuándo Castro Corro será “extraña compañera de viaje” del gobernador Céspedes Peregrina?
Por cierto, sabrá el gobernador la historia del por qué fue cesado el Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Juan Garza Seco-Maurer.
Sí, el amigo de la –aún- responsable de la SPF, María Teresa Castro.
Al tiempo.
