¿Por qué se expone el mandatario poblano a ser removido del cargo por desacato a un ordenamiento del Poder Judicial de la Federación?
¿Creerá que por ser gobernador de Morena… nada pasará?
¿Pensará que el Presidente López Obrador lo “blindará” ante la Justicia Federal?
¿Acaso no ve el choque frontal que hay entre los Poderes Ejecutivo y Judicial?
¿Su paso dos veces como legislador en el Congreso del Estado no le bastó para entender que nadie -ni el Presidente de México- está por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
¿O es que ya se siente “Dios en el Poder”?
Ahí está latente el karma -dramático y trágico- del final que han tenido los últimos gobernantes poblanos…
Mario Marín Torres en prisión de alta seguridad del Altiplano, por el caso Lydia Cacho.
Rafael Moreno Valle Rosas, murió al desplomarse el helicóptero Augusta.
Martha Érika Alonso Hidalgo, falleció junto a su esposo Rafael el 24 de diciembre de 2018.
Miguel Barbosa Huerta expiró el 13 de diciembre de 2022.
Sergio Salomón Céspedes está por enfrentar severa sanción por desacato judicial.
¿Qué pasa en Puebla?
Interrogantes y hechos que saltan mediática y socialmente, en virtud de que está en vilo la separación del cargo de gobernador de Sergio Salomón Céspedes Peregrina por desacato al ordenamiento de un Juez Federal.
Mismo que ordenó reinstalación en la Secretaría de Gobernación del Estado y pago de salarios caídos al trabajador José Francisco Valencia López.
Fue reinstalado, pero no le han pagado adeudo que asciende a cerca de tres millones de pesos, y lleva dos años laborando sin recibir una sola quincena.
Veamos un resumen de los hechos.
En este espacio se publicó el pasado jueves –y con amplitud en el periódico Foro 21-: “Latente riesgo corre el gobernador Salomón de ser separado del cargo por desacato a Juez Federal”.
Con el agregado: El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, del Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, notificó el pasado 15 de febrero al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que había sido vinculado para que interviniera y ordenara el pago a un trabajador, quien -23 de octubre de 2013- fue despedido injustificadamente de la Secretaría de Gobernación del Estado, con apercibimiento de multa en caso de no hacerlo.
El 3 de julio corrió el término para que la autoridad vinculada –el Ejecutivo Estatal- diera cumplimiento, advirtiéndole de una multa equivalente a 103 mil 740 pesos.
Además, se iniciaría el procedimiento de inejecución, mismo que culminaría con la separación del cargo de gobernador, en caso de no dar cumplimiento.
Y el pago no se ha realizado al trabajador.
Con fecha del 26 de julio, el Juzgado dio término de tres días para que demostrara que había dado cumplimiento, pero al encontrarse en periodo de vacaciones… la autoridad no ejecutó el pago.
(Periodo vacacional de la Junta de Conciliación y Arbitraje del 24 de julio al 4 de agosto de 2023)
A la fecha, el gobernador Céspedes Peregrina no ha ordenado el pago de salarios al trabajador.
JOSÉ FRANCISCO CON 38 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN SEGOB
Corría 1975, último año del sexenio del doctor Alfredo Toxqui, cuando José Francisco Valencia López ingresó a laborar en la Secretaría de Gobernación y despedido injustificadamente el 23 de octubre de 2013, durante el mandato de Rafael Moreno Valle.
Por lo que el trabajador emprendió el litigio y después de seis años ganó el Laudo en noviembre de 2019.
Y el 4 de agosto de 2021 obtuvo su reinstalación laboral en Gobernación.
El Laudo consignó el pago de salarios caídos, que para esa fecha ascendían a 2 millones 162 mil 215 pesos.
Al presentarse con Jesús Arrona Aguilar, Director Jurídico de Gobernación, le espetó al trabajador:
“Tienes que aprender que al gobierno no se le cuestiona, mucho menos se le demanda. Por lo tanto, para que aprendas, no cobrarás los salarios caídos, tampoco los que devengarás a partir de tu reinstalación”.
Y Valencia López está trabajando en Gobernación sin recibir ni una sola quincena desde el 4 de agosto del 2021.
Este es el drama que viven los trabajadores al servicio del Estado cuando enfrentan la injusticia laboral del Tribunal de Arbitraje del Estado.
Esta es la tragedia de los trabajadores que enfrentan al patrón y su colusión con las autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Coronado con la ausencia del Secretario del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla.
Además del rapaz desempeño del Jurídico de Segob, Jesús Arrona.
Y del “buen hombre”, Javier Aquino Limón, Secretario de Gobernación.
Vale retomar la cita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“Si no se cumplen las sentencias, el Estado de Derecho no es más que una ficción”.
Todas las partes en un juicio, y especialmente cuando éstas son autoridad, deben cumplir las sentencias que emiten los tribunales, afirmó el Ministro Luis María Aguilar sobre los incumplimientos de sentencias por parte de autoridades.
Solo es cuestión de esperar los tiempos jurídicos-legales del Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal para que emita el resolutivo contra el gobernador Sergio Salomón Céspedes por desacato al mandato del Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo.
Al tiempo.
