Para ser efectiva la Justicia Alternativa es indispensable la Cultura de la Legalidad.

Cada vez nos familiarizamos más con los mecanismos alternativos de solución de controversias que, promueven los Tribunales de Justicia de las entidades federativas, sin embargo, dichos instrumentos no han logrado que, la sociedad deposite su confianza en su totalidad para dar solución a las desavenencias o conflictos que se suscitan en la vida diaria, como lo son: los asuntos familiares, escolares, comunitarios, entre otros y en buena medida se debe a  la cultura de la legalidad que no ha penetrado o más bien, no podido romper con viejos vicios sociales como evadir la acción de la justicia cuando existe responsabilidad, dar sobornos a servidores públicos para agilizar determinados trámites, etcétera.

 A pesar de lo expuesto, los mecanismos alternativos son una realidad promovida en el ámbito internacional y previsto en nuestra constitución así como en leyes locales. 

 

                        Debido a lo anterior, el diálogo debe ser una herramienta que coadyuve a resolver conflictos, ya sea de carácter familiar, de pareja, interpersonal, escolar, social, laboral y de intereses; dicho diálogo debe ser orientado por personal profesional debidamente capacitado y certificado que genere condiciones propicias para entablarlo y para persuadir a las partes y lograr que la comunicación fluya con civilidad, de manera asertiva y entre iguales, en el que, el común denominador sea ganar-ganar, que las partes en conflicto tengan suficiente disposición para ceder y poder así lograr acuerdos que los beneficien mutuamente, sin desgastarse emocionalmente y económicamente, con la certeza que, el acuerdo logrado tiene los mismo efectos que una sentencia dictada por un Juez.

                        Las instancias administrativas que desarrollan estos mecanismos son: el Centro Estatal de Mediación, Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla y la Conciliación a través de la Procuraduría del Trabajo. Estos mecanismos son gratuitos, si hay voluntad de las partes, resuelven de manera inmediata el conflicto planteado.     

 

                        Ahora bien, para que, los mecanismos de solución de controversias tengan mayor fuerza, se debe promover la confianza en nuestras leyes, por lo tanto la cultura de la legalidad es indispensable. De acuerdo con el Mtro. Héctor Rodríguez Espinoza, señala: la cultura de la legalidad es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social que exige, de todos y cada uno de los ciudadanos, una armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones culturales. Es crear la costumbre de manejarse cotidianamente con legalidad, sin que una tercera persona tenga que forzarnos. Es estar consciente de que, si uno actúa de esa forma, se está colaborando a mejorar la sociedad de la que siempre nos quejamos, pero que nosotros deterioramos.

 

                        Lo antes expuesto, significa que, debemos actuar con civilidad en todo momento; respetar la señalética peatonal, vehicular y ciclista, procurar el medio ambiente, ser responsables de nuestras mascotas con todo lo que ello implica (esterilizarlos, vacunarlos, no abandonarlos, recoger sus heces fecales cuando salen a la calle, hacer uso de correa cuando salen a pasear, entre otros); igualmente, debemos cuidar nuestra salud y la salud de los demás, no debemos fomentar la corrupción tratando de quedar exentos de alguna infracción o hasta de crímenes graves, cambiar placas vehiculares de otras entidades para evitar foto multas, dejar de consumir bienes de dudosa procedencia, pagar impuestos y exigir transparencia de los recursos que, se ejercen por parte de los gobiernos; la lista puede ser interminable  pero se puede resumir diciendo: si seguimos fomentando la corrupción, la violencia, evadiendo la ley, no podremos tener un mejor México.  

 

                       

  • Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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