Edgar Hernández Hernández, exdelegado de Atlixcáyotl, acusó a la administración de Guadalupe Cuautle Torres de ejercer presión política en su contra, luego de ser notificado de una inhabilitación por un año derivada de una falta administrativa no grave.
El exfuncionario de San Andrés Cholula, Puebla, consideró que la sanción forma parte de una serie de procedimientos administrativos y legales que, desde su perspectiva, buscan desgastarlo y obstaculizar su posible participación en la próxima contienda municipal.
Hernández señaló que la resolución debe analizarse en el contexto de otros seis procedimientos en los que asegura haber tenido que defenderse, por lo que cuestionó el uso de las facultades de investigación y sanción de las autoridades municipales.
Exdelegado de Atlixcáyotl señala presunto uso político de la Contraloría
El exdelegado sostuvo que la Contraloría municipal estaría siendo utilizada como un mecanismo de presión contra quienes cuestionan al gobierno local.
En sus declaraciones, calificó a esta instancia como un posible “garrote político” y afirmó que la acumulación de procedimientos lo mantiene concentrado en su defensa jurídica, en lugar de permitirle desarrollar actividades dentro de la vida pública del municipio.
Entre los asuntos que mencionó se encuentran señalamientos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, presunto despojo y responsabilidades administrativas graves y no graves.
Sin embargo, estas acusaciones corresponden a la postura del exfuncionario y no acreditan por sí mismas que exista una instrucción política detrás de los procedimientos.
Inhabilitación por falta administrativa no grave
De acuerdo con Hernández Hernández, la sanción que le fue notificada consiste en una inhabilitación por un año por una falta administrativa calificada como no grave.
El exdelegado cuestionó los fundamentos de la resolución y consideró necesario revisar las pruebas que la sustentan, así como la proporcionalidad de la sanción y las garantías de defensa que deben respetarse durante el procedimiento.
La información proporcionada no detalla cuál fue la conducta específica que originó la sanción, qué autoridad emitió formalmente la resolución ni si el exfuncionario ya presentó algún recurso de impugnación.
Señalamientos contra el gobierno de Guadalupe Cuautle
Hernández responsabilizó políticamente a la administración de Guadalupe Cuautle Torres de intentar limitar sus posibilidades de participación política mediante el desgaste legal y administrativo.
El caso abre cuestionamientos sobre la imparcialidad con la que deben actuar los órganos municipales encargados de investigar y sancionar posibles faltas administrativas.
Por una parte, las autoridades tienen la obligación de investigar y exigir responsabilidades cuando existan elementos para ello; por otra, deben garantizar que sus atribuciones se ejerzan con apego a la legalidad, imparcialidad y respeto al derecho de defensa.
Hasta la información proporcionada para esta nota, no se incluye una postura de la presidenta municipal ni de la Contraloría de San Andrés Cholula sobre los señalamientos del exdelegado.
La controversia coloca bajo discusión la actuación de las instituciones municipales y la necesidad de que las sanciones administrativas estén sustentadas en pruebas y procedimientos transparentes.
