La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que quedó firme la sentencia condenatoria de 11 años y 3 meses de prisión contra Uriel N., quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Puebla y fue declarado penalmente responsable del delito de tortura cometido contra un ciudadano.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2018, cuando la víctima se encontraba acompañada de una mujer y fue interceptada por Uriel N. y otro elemento policial, quienes viajaban en vehículos particulares.
Posteriormente, el ciudadano fue privado de su libertad y trasladado a un lugar aislado, donde comenzaron las agresiones físicas.
Víctima sufrió golpes, asfixia y descargas eléctricas
Según los antecedentes del caso, durante la agresión la víctima fue golpeada en distintas partes del cuerpo, asfixiada con una bolsa de plástico y sometida a descargas eléctricas. Estas acciones le provocaron diversas lesiones, entre ellas una fractura de clavícula.
La Fiscalía estableció que las agresiones tenían como finalidad obtener información sobre su presunta participación en robos registrados en las zonas de Angelópolis y La Calera, en Puebla.
Además, el ciudadano habría sido obligado a entregar dinero en efectivo y posteriormente se intentó incriminarlo mediante la supuesta posesión de un arma de fuego y narcóticos.
Tribunal confirma condena contra expolicía municipal
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Como resultado de las indagatorias, en 2024 una autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra Uriel N., con una pena de 11 años y 3 meses de prisión. Sin embargo, la defensa interpuso un medio de impugnación contra la resolución.
Tras analizar los elementos probatorios, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia, que causó ejecutoria y quedó firme.
Con esta resolución, la FGE reiteró su compromiso de investigar y perseguir los actos de tortura, particularmente aquellos atribuidos a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.