Por: Redacción
Una serie de denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, negativa de acceso a la justicia, amenazas, hostigamiento y filtración de datos personales fueron presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), encabezada por Rosa Isela Sánchez Soya, según relataron Anallely A. y Juan Javier A., aseguran haber sido víctimas de diversas irregularidades cometidas por personal adscrito a la Unidad Especializada en Materia de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
Denuncian negativa para iniciar denuncia y presuntas amenazas
De acuerdo con la denuncia en poder de este medio ,Anallely el 20 de octubre de 2025 acudió a la División encargada de atender Hechos Viales para denunciar un choque en el que estuvo involucrado una unidad de la Ruta 4. Afirma que la agente del Ministerio Público Virginia Angélica Coapango Brito se negó inicialmente a recibir su denuncia y la presionó asegurando que sería tratada como imputada.
Frente a esta situación, el propietario del vehículo afectado, Juan Javier , acudió al lugar pero la funcionaria se percató que se trataba de otro elemento de la FGE, comentario que el afectado interpretó como un intento de involucrar su función laboral dentro de la carpeta de investigación.
Tras lograr avanzar en el trámite y poder revisar posteriormente la carpeta de investigación asentada bajo el número FGEP/CDI/UEMSV/PATRIMONIALES-I/003094/2025, ambos denunciantes se percataron de que en el documento se afirma que el propietario del vehículo particular “es servidor y que mueve a mucha gente”.
De acuerdo con lo indicado por Juan Javier , dicha información solo era conocida por la encargada de levantar la denuncia, lo que por sus conocimientos en la materia fue considerado una filtración de datos personales.
Posteriormente, otra Ministerio Público de nombre María Fernanda Larino Valencia, habría negado reiteradamente la entrega de copias de la carpeta, así como el acceso a la misma, aun cuando ya habían sido solicitadas formalmente.
Acusan presión de coordinadores de afectado
Los denunciantes indicaron que tiempo después el coordinador Marcos Sánchez Reyes, presuntamente habría expresado frases intimidatorias al abogado del seguro que acudió a gestionar la acreditación del vehículo, e incluso habría aseverado que si Juan Javier seguía insistiendo, se tomarían represalias.
Fuentes al interior de la dependencia indicaron que personal de la división de Vialidad se presentó en la Fiscalía de desaparición de Personas donde Juan Javier labora para presuntamente indagar sobre él, además de amenazar con que “si no dejaba de ponerse al pedo le armarían un chaleco (un proceso legal fabricado, de acuerdo con términos utilizados en el área) para que se estuviera quieto”.
Solicitan intervención inmediata de la CDH Puebla
Por lo anterior los quejosos presentaron una queja ante la CDH Puebla para pedir que se investigaran los hechos bajo el argumento de presuntas violaciones en el Acceso a la justicia, Integridad personal, Seguridad jurídica, Legalidad, Protección de datos personales, Conducta indebida de servidores públicos.
También solicitaron medidas de protección inmediatas pues aseguran sentirse en riesgo debido a las amenazas que recibieron, así como acceso inmediato a su carpeta de investigación, entrega de copias y el reconocimiento formal de propiedad del vehículo involucrado.
Indicaron que esperan el inicio de procedimientos administrativos contra los servidores públicos señalados y que se dé vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía de Puebla.
Esta denuncia coloca nuevamente bajo la lupa el actuar de funcionarios en la Fiscalía de Puebla, especialmente en áreas donde la ciudadanía denuncia frecuentemente retrasos, actos de hostigamiento y negativa de acceso a la justicia, tal y como sucedió recientemente en otras áreas de la FGE mismas que causaron la baja de varios titulares.
Finalmente, ambos denunciantes esperan la admisión formal de la queja por parte de la Comisión de Derechos Humanos y la posible apertura de una investigación que determine la veracidad de los señalamientos.
