Por: Nora Merino Escamilla
Hay tragedias que no deberían necesitar ocurrir para que el Estado voltee a ver realidades normalizadas por años. La muerte de Luis Abraham Reyes, médico residente del IMSS, no fue un hecho aislado ni una excepción desafortunada: fue el síntoma más crudo de un sistema que durante décadas ha romantizado el abuso, el agotamiento y la violencia laboral dentro del sector salud.
Durante mucho tiempo se nos vendió la idea de que “así es la formación médica”, que las jornadas interminables, el maltrato jerárquico y la deshumanización eran parte del aprendizaje. Se normalizó que médicos en formación trabajaran más de 36 o 48 horas continuas, sin descanso real, sin acompañamiento psicológico y sin límites claros. Como si el sacrificio extremo fuera una virtud y no una violación de derechos.
La Ley Abraham nace justamente para romper con esa lógica perversa. No es una ocurrencia ni una reacción mediática: es una iniciativa que pone en el centro algo que nunca debió perderse de vista, la dignidad humana. Porque no se puede hablar de un sistema de salud fuerte si quienes lo sostienen lo hacen desde el cansancio extremo, el miedo y la precariedad emocional.
Esta propuesta parte de una premisa básica pero contundente: nadie debería trabajar más de 24 horas continuas, y el descanso no puede ser una concesión administrativa, sino una obligación legal. Garantizar jornadas máximas y descansos mínimos no es un privilegio, es un derecho. Y también es una condición mínima para brindar atención médica segura a la población.
Los datos son alarmantes y no pueden seguir ignorándose. Altísimos niveles de depresión, ansiedad, estrés, consumo de alcohol y sustancias entre médicos residentes no son casualidad. Son consecuencia directa de jornadas inhumanas y entornos laborales tóxicos. Defender la salud mental del personal médico no es un lujo progresista: es una necesidad urgente de salud pública.
Además, hay que decirlo con claridad: el derecho a la salud de la población empieza por el derecho a la salud de quienes la atienden. Un médico agotado no solo sufre él; pone en riesgo diagnósticos, tratamientos y decisiones clínicas. La violencia estructural dentro del sistema termina afectando a todos.
La Ley Abraham también interpela una cultura profundamente arraigada: la del “aguántate porque todos pasamos por eso”. Esa narrativa no forma carácter, forma trauma. No crea mejores médicos, crea profesionales rotos, desensibilizados o, en el peor de los casos, víctimas de un sistema que nunca les tendió la mano.
Legislar en esta materia es asumir una responsabilidad ética. Es reconocer que el Estado no puede seguir siendo omiso frente a prácticas que vulneran derechos humanos básicos como el derecho al trabajo digno, a la salud y a la vida misma. Es también enviar un mensaje claro: la formación médica no puede seguir basándose en el abuso.
La Ley Abraham no devolverá la vida que se perdió, pero puede salvar muchas otras. Puede evitar que el silencio, el miedo o la normalización del maltrato sigan cobrando vidas. Puede marcar un antes y un después en cómo entendemos el cuidado, no solo hacia los pacientes, sino hacia quienes dedican su vida a cuidarnos.
Porque cuidar a quien cuida no es una consigna: es una obligación del Estado y una deuda histórica que ya no puede seguir postergándose.
Desde la Cámara de Diputados asumimos esta responsabilidad con seriedad y convicción. La Ley Abraham será presentada para iniciar el debate y la transformación de fondo que el sistema de salud necesita, porque no podemos seguir formando profesionales a costa de su bienestar y de su vida. Legislar para proteger a médicas y médicos residentes es legislar por un sistema de salud más humano, más justo y más seguro para todas y todos. No hacerlo ya no es opción.
