La madrugada del 19 de julio de 2025, autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo el retiro de más de 30 construcciones irregulares y bardas perimetrales levantadas en el predio conocido como La Covadonga, ubicado en la capital poblana. La acción, respaldada por una orden judicial, abarcó cerca de 9 hectáreas de terreno que habían sido ocupadas ilegalmente desde hace dos años.
Este operativo fue resultado de una sentencia de la Juez Cuarto de Distrito, Blanca Alicia Luna, quien otorgó un amparo federal a la Fundación Julita y Antonio, legítima propietaria del terreno, para ejecutar la demolición de las estructuras colocadas por grupos invasores.
Invasión con fines de lucro: más de 400 lotes ofertados ilegalmente
El apoderado legal de la Fundación, Jesús González Schmal, explicó que el predio de la exhacienda La Covadonga fue invadido por grupos de choque que construyeron edificaciones para simular posesión legal, dividiendo el terreno en más de 400 lotes ofrecidos en venta por encima de los 200 mil pesos, sin contar con permisos ni propiedad legítima.
“Durante dos años se mantuvo esta invasión con fines de lucro, afectando no solo a los legítimos propietarios, sino a la planeación urbana y la seguridad jurídica en Puebla”, detalló González Schmal.
Amparo y ejecución judicial tras retraso municipal
A pesar de que el Cabildo de Puebla, mediante acuerdo del 30 de abril de 2024, ordenó la demolición de las obras como una medida preventiva y de seguridad pública, el retraso en su cumplimiento obligó a la Fundación a interponer un nuevo amparo a nivel federal.
La resolución judicial instruyó a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano Municipal (SGyDU) ejecutar la demolición, que se concretó este 19 de julio con apoyo de diversas corporaciones:
- Secretaría de Gobernación del estado de Puebla
- Secretaría de Seguridad Pública Estatal
- Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio
- Guardia Nacional
- Secretaría de Marina
- Bomberos Puebla
Fundación Julita y Antonio recupera terreno para labor social
Con esta acción legal, la Fundación Julita y Antonio logra recuperar el terreno con el propósito de destinarlo a la atención de grupos vulnerables, tal como lo contempla su misión institucional.
“Este predio está destinado a la construcción de espacios para la atención de quienes más lo necesitan. Recuperarlo por la vía legal es un triunfo del derecho sobre el abuso”, subrayó el representante legal.
