Por: Gerardo Pérez García
A 88 años de la creación de la Defensoría de Oficio –con el gobernador Maximino Ávila Camacho-, atraviesa por una crisis no vista antes, puesto que por primeva vez un grupo de 29 defensores públicos demandó, a través de un amparo federal, al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, para que sus salarios –de 20 mil pesos mensuales- sean homologados al de los agentes del Ministerio Público del estado, que ganan en promedio 30 mil pesos.
La demanda de amparo fue recibida por Miguel Ángel Arroyo Herrera, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo, bajo el expediente Sección de Amparos Principal 312/2025-VII-A.
Será este jueves 10 de abril cuando se lleve a cabo la audiencia de la demanda, presentada por Gabriela Carrión López.
Vale señalar:
La ley de la Defensoría Pública establece que el Defensor Público no puede ganar menos que un agente del Ministerio Público, en virtud que hacen la misma función en diferentes lados.
Uno acusa y el otro defiende.
Y ambos son pagados por el Estado.
Pese a ello y después de haber hablado -desde hace un año- con el titular del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, Eduardo Hernández Sánchez, se dedicó a darles largas, largas y más largas, y excusándose “que no hay dinero” –pese a tener el organismo judicial un presupuesto anual de 6 mil millones de pesos-, los defensores decidieron tomar la vía del amparo para que su sueldo sea equiparado con la de los agentes del MP.
DE DEFENSORÍA DE OFICIO A PROCURADURÍA DEL CIUDADANO
Tocó al gobierno -1937/1941- de Maximino Ávila Camacho crear la oficina de Defensoría de Oficio, donde por cierto estuvieron de Defensores Guillermo Pacheco Pulido y Carlos Meza Viveros, entre otros.
Fue durante el mandato de Manuel Bartlett Díaz -1993/1999- cuando se creó la Procuraduría del Ciudadano, teniendo de titulares a Jorge Lerín Valenzuela, María Luisa Sánchez Pontón, Martín Fuentes Morales, por citar algunos.
Hasta la administración de Mario Marín Torres, la Procuraduría del Ciudadano estuvo adscrita a la Secretaría de Gobernación.
En el mandato de Rafael Moreno Valle Rosas se creó la Secretaría de Servicios Legales, la cual absorbió a la Procuraduría del Ciudadano.
Pero, en el “mini mandato” de José Antonio Gali Fayad, desaparece la Secretaría de Servicios Legales y el área de Defensoría Pública retorna a la jurisdicción del Ejecutivo Estatal.
Continúa igual en el interinato de Guillermo Pacheco Pulido.
Y el gobierno de Miguel Barbosa Huerta dispone que los Defensores Públicos sean transferidos a la esfera del Poder Judicial, dependiendo del Consejo de la Judicatura.
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ… EN LA ANTESALA DE SU SALIDA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Ante el nulo caso que hizo a la legítima demanda de los Defensores de Oficio, llevó a que presentaran un amparo federal para homologar su salario con los agentes del Ministerio Público, lo cual podría convertirse en la antesala de la salida de Eduardo Hernández Sánchez de la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Sin olvidar el pasado de Hernández Sánchez, quien fue subsecretario de la extinta Secretaria de la Contraloría con Eukid Castañón Herrera durante el gobierno morenovallista.
Es el gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien impone a Eduardo Hernández en la presidencia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, después de “darle las gracias” a Carlos Palafox Galeana, puesto por Barbosa Huerta.
De ahí la interrogante:
¿Si Gilberto Higuera Bernal decidió presentar su salida anticipada de la titularidad de la Fiscalía General del Estado, so pretexto de participar en selección de aspirantes a ministros de la SCJN… qué pretexto daría Hernández Sánchez para dimitir?
¿Esperará que le den las gracias?
Lo cierto que a 88 años de la creación de la Defensoría de Oficio, enfrenta por primera vez un litigio judicial.
¿Culpa de quién…?
¿Por falta de presupuesto?
¿Por indolencia de don Eduardo?
¿O todo lo contrario?
Al tiempo
