Por: Gerardo Pérez García
El 31 de agosto concluye un ciclo de 30 años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —SCJN—, donde también se extingue la reforma del presidente Ernesto Zedillo de 1994, para dar paso a una nueva era que iniciará a partir del lunes primero de septiembre, cuando tomen posesión nueve ministros que integrarán el pleno. Estos fueron electos, por primera vez en la historia del Poder Judicial, mediante voto ciudadano, gracias a la reforma que inició Andrés Manuel López Obrador y concluyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Vale señalar que, desde la Constitución de 1824, se disponía que 11 ministros debían conformar la entonces Corte Suprema de Justicia; lo mismo ocurría en las constituciones de 1847 y 1857.
Para 1934, el presidente Lázaro Cárdenas ordenó cesar a 16 ministros, nombrar a 21 y reasignar únicamente a tres.
Así, tras 43 años de un sistema judicial anquilosado, en el que México tenía la Corte más numerosa del mundo con 26 ministros, llegó la reforma de Zedillo Ponce de León, que redujo su integración a sólo 11 ministros.
Posteriormente, el Ejecutivo Federal en turno conformaba una terna que enviaba al Senado, donde los legisladores designaban a los nuevos integrantes de la Corte.
Este procedimiento se mantuvo durante la era del PRI y hasta la pasada administración morenista de López Obrador.
Ahora, con Sheinbaum Pardo, se dio un cambio radical al elegirse a los nuevos integrantes del Poder Judicial —ministros, magistrados y jueces— por la vía del voto ciudadano.
De los 10 ministros en funciones, siete decidieron no participar en la elección. Tres sí participaron: Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel.
“ERROR HISTÓRICO”: LA REFORMA JUDICIAL, SEGÚN LAYNEZ
Ministro hasta el último día de este mes, Javier Laynez Potisek defiende el legado del máximo tribunal de justicia del país y afirma que “cumplió su rol como tribunal constitucional”, gracias a la reforma de 1994 del expresidente Ernesto Zedillo, que, asegura, la fortaleció.
En contraste, Laynez considera que la enmienda de 2024, promovida por Andrés Manuel López Obrador, es una agresión y un “error histórico” por “destruir” la carrera judicial e imponer una Corte a modo. Además, afirmó que, de no ser así, esta reforma deberá probar su independencia, según escribió el periodista Iván Evair Saldaña en La Jornada.
Laynez aclara:
“Yo no soy opositor al gobierno, ni a éste ni a ninguno. Lo que sí creo es que en esta reforma se equivocaron y nos va a costar mucho, mucho como país”.
Además, está convencido de que “un día condenarán a México” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la reforma judicial. En consecuencia, el Estado deberá reparar el daño e indemnizar a cientos de jueces y magistrados removidos.
Del legado que deja la Corte, destacan sentencias con perspectiva de género, matrimonio igualitario, aborto, cannabis y derechos laborales. También reconoce que quedan grandes pendientes, como tres juicios de Grupo Salinas, recibidos el año pasado y que no fueron prioridad, pese a impugnar créditos fiscales por casi 35 mil millones de pesos correspondientes a 2008, 2012 y 2013. Justifica ese retraso por las maniobras legales de la defensa de Ricardo Salinas Pliego, táctica que, acusa, replicaron otras empresas y el propio gobierno federal.
Dice Javier Laynez que su mayor preocupación son los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, donde se está generando una gran inestabilidad que afecta el estado de derecho y a los ciudadanos, es decir, a los justiciables. Aproximadamente la mitad de los juzgadores de estos órganos jurisdiccionales, unos 800, están dejando sus cargos. Nada sustituye años de preparación y experiencia.
Reconoce que fue propuesto por Enrique Peña Nieto. “Puedo decir que lo he visto dos veces en eventos, pues era Procurador Fiscal en ese tiempo. Tuvimos una conversación en privado cuando me informó que me propondría. Fuera de eso, no lo conocía”.
Subraya que “todos los presidentes perdieron juicios en la Corte y también ganaron. Zedillo, siendo presidente, perdió la primera controversia constitucional contra el Congreso, y el asunto era el Fobaproa”.
Dejarán un “plan de riesgos administrativos” con alertas por falta de titulares para pagar desde nómina hasta contratos millonarios urgentes. Además, critica que en el pleno de ministros hubo oposición a nombrar a tres de los cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial, lo que impedirá su operación desde el primer minuto del 1 de septiembre, concluye la entrevista amplia del ministro Javier Laynez Potisek en La Jornada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una larga historia que inicia con 11 ministros desde la Constitución de 1824, misma cantidad que se mantuvo en 1847 y 1857.
De ahí a 1934, el presidente Lázaro Cárdenas cesó a 16 ministros, nombró a 21 y reasignó a sólo tres.
Para dar el salto hasta 1994, el presidente Ernesto Zedillo redujo la Corte de 26 a 11 ministros.
Treinta años después, la presidenta Claudia Sheinbaum redujo de 11 a 9 ministros, los cuales fueron electos por voto ciudadano, algo inédito desde 1824.
Sin duda, la palabra ahora la tienen los nuevos jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial Federal, a partir del próximo primero de septiembre.
Al tiempo.
