Por: Gerardo Pérez García
Con la entrega del general y ex secretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y del ex secretario de Finanzas Enrique Díaz -ambos del gobierno de Sinaloa-, a las autoridades de Estados Unidos, el cerco cada día se vuelve más estrecho y difícil de sortear para el mandatario con licencia Rubén Rocha Moya, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera -UIF- dispuso iniciar el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Tal medida también incluyó intervenir las cuentas bancarias de los hijos de Rocha Moya: Eneyda Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz, José Jesús Rocha Ruiz y Rubén Rocha Ruiz.
Además, la UIF investigará las empresas de la familia Rocha-Ruiz: Construcciones Suaqui, Constructora Chocosa, A&R Inyecta Soluciones -Sociedad Financiera de Objetivo Múltiple-, A&R Soluciones Estadísticas -empresa dedicada a estudios de mercado y campañas políticas- y Chocosa Ranch -Sociedad agropecuaria-
Otro punto a revisar, es que Enrique Díaz, quien se entregó en Nueva York, tenía relaciones financieras con empresas de los hijos de Rocha Moya, pues como dueño de Housesin Desarrollos, proveía contratos a Constructora Chocosa, de los hermanos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz.
Así, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum parece orientarse hacia posibles operaciones de lavado de dinero, triangulación financiera, contratos públicos y uso de estructuras empresariales vinculadas con el entorno familiar y político de Rocha Mora.
El congelamiento de cuentas ordenadas por la Unidad de Inteligencia Financiera no se limitan a exfuncionarios y mandos de seguridad citados en investigaciones de Estados Unidos, sino que alcanzó a los hijos del mandatario, socios privados, constructoras, empresas financieras y firmas vinculadas con el entorno político que lo acompañó antes y durante su paso por la gubernatura.
Esa es la cara nacional de la moneda.
Porque la cara estadounidense va mucho más allá.
Traspasa la frontera mexicana.
Y la convierte en terrorismo.
PRIMERA ACUSACIÓN DE TERRORISMO DE EU
El gobierno estadounidense investigará bajo cargos por terrorismo a funcionarios de México vinculados con el narcotráfico. Pero ninguno de los 92 capos que el país ha entregados a la administración de Donald Trump, en 14 meses, enfrenta el agravante de terrorismo.
Por lo que, Estados Unidos se alista para acusar por primera vez en la historia de terrorismo a acusados mexicanos y la imputación será exclusivamente contra funcionarios -como acontece con Nicolás Maduro, el depuesto presidente de Venezuela- no así contra los narcotraficantes.
Asimismo, el Departamento de Justicia estableció como prioridad de las 93 fiscalías federales estadounidenses formular cargos por terrorismo a funcionarios mexicanos ligados en el narcotráfico.
Este tipo de cargos no lo enfrentan hasta ahora quienes fueran líderes de los diversos cárteles del narcotráfico: Rafael Caro Quintero, Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40 y Z42, fundadores de los Zetas; Vicente Carrillo Fuentes o Antonio Oseguera Cervantes.
En cambio, lo encaran Rubén Rocha Moya, Gerardo Mérida Sánchez -pese haberse entregado- y otros ocho funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa.
Vale señalar, que el sistema de justicia de Estados Unidos no establece una pena específica para los cargos por terrorismo, más son un agravante que magnifica cualquier otra acusación.
Ejemplo: un acusado con un solo cargo de conspiración para tráfico de un solo tipo de droga, podría enfrentar una condena mínima impositiva de 10 años y probablemente de 20 años de prisión.
Y con el agravante de terrorismo y conspiración, podría enfrentar sentencia de cadena perpetua y mínimas obligatorias sobre 25 años de prisión.
Mientras tanto, no sabe aún nada del paradero de Rubén Rocha Moya.
Si está en Sinaloa, en algún otro estado del país o en el extranjero.
Y cuál será su destino.
Con la interrogante:
¿El general Gerardo Mérida y Enrique Díaz, incriminarán en Estados Unidos a su amigo y ex jefe?
¿O cargarán con la culpabilidad?
Ahí está el caso Tabasco.
El de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad del gobierno de Tabasco con Adán López Hernández, quien a la vez lidereaba el cártel de La Barredora.
Hasta hoy nada se sabe de la presunta corresponsabilidad del hoy Senador de la República.
¿La historia de Tabasco se repetirá en Sinaloa?
Al tiempo.
