Por: Gerardo Pérez García
Hay de historias a historias.
De mitos a mitos.
Y de leyendas a leyendas.
Donde, por cierto, lo que parecería ser una leyenda —o historieta— resultó todo lo contrario: una trama donde los intereses y disputas internas de la familia Jenkins por manejar el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins los llevó a una intensa batalla legal, con intervención de gobernantes, funcionarios y políticos.
Lucha fratricida que a punto estuvo de provocar la salida de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) del estado.
El reportaje del periódico Reforma plasma la guerra que desató Alejandro Gertz Manero, quien —pese a ser fiscal general de la República y contar, en su momento, con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Miguel Barbosa Huerta— no logró apropiarse de la universidad.
Cita el texto del periodista Abel Barajas:
“Son pocos los casos en los que la Fiscalía General de la República se ha obstinado tanto como en el de la Fundación Mary Street Jenkins.
En 2017, Guillermo Jenkins de Landa denunció a sus hermanos, e incluso a sus padres, por el despojo de un patrimonio de 720 millones de dólares en la fundación constituida en 1954 por su bisabuelo, William O. Jenkins, uno de los hombres más ricos de México en el siglo XX.”
La investigación fue archivada en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, luego de que la Secretaría de Hacienda notificara a la entonces Procuraduría General de la República que no halló indicios de fraude fiscal ni de lavado.
Al inicio del sexenio de López Obrador, la FGR de Gertz Manero reabrió la indagatoria sin autorización de un juez, y en 2021 consiguió nueve órdenes de aprehensión contra miembros de la familia Jenkins y sus abogados.
Simultáneamente, solicitó las capturas de funcionarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que autorizaron el uso de la marca de la UDLA a la Fundación de las Américas Puebla, cuyos patronos eran los mismos de la Fundación Jenkins.
Al final, también procedió penalmente contra el exsubprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y tres de sus colaboradores, acusándolos de haber dictado —supuestamente de manera ilegal— el “carpetazo” de 2018 en favor de los Jenkins.
Todos estos casos, sin embargo, los ha ido perdiendo la Fiscalía.
Las órdenes de captura contra los Jenkins y sus abogados han sido revocadas, algunas en la última instancia judicial y otras en al menos dos.
En el caso de los exfuncionarios del IMPI, un juez negó las capturas.
Y en el capítulo más reciente —el pasado 30 de junio—, un juez de control canceló el proceso y la investigación contra Muñoz y sus exsubordinados.
LITIGIO AÑEJO
Abunda Abel Barajas:
“El 25 de abril de 2011, Juan Ramos López, entonces apoderado de la Universidad de las Américas Asociación Civil (UDLA A.C.), denunció ante la PGR a funcionarios del IMPI por autorizar ilegalmente a la Fundación Universidad de las Américas Puebla el uso de la marca UDLA.
La denuncia confrontó a la UDLA A.C. —que en aquel momento tenía como rector a Alejandro Gertz Manero— con una fundación cuyos patronos eran los mismos de la Fundación Mary Street Jenkins.
El reclamo de Ramos era que el IMPI concedió el registro del nombre comercial ‘Fundación Universidad de las Américas Puebla’, cuando ya existía el registro previo de ‘Universidad de las Américas A.C.’, violando los derechos de propiedad industrial.
El registro marcario señalado como ilegal fue otorgado a partir del 11 de marzo de 1996, según la averiguación previa.”
Con este expediente nunca ocurrió nada hasta que Gertz dejó la rectoría de la UDLA A.C. en 2018 y asumió la titularidad de la FGR, acompañado por su brazo derecho, Juan Ramos, a quien nombró titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF).
Constancias judiciales indican que el 14 de junio de 2021, la Fiscalía federal solicitó la orden de aprehensión por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades contra Rafael Manterola Icaza, exdirector de Marcas, y Esperanza Rodríguez Cisneros, exdirectora divisional de Marcas.
Aunque en este asunto también fue denunciado Jorge Amigo Castañeda, exdirector del IMPI, la FGR no solicitó su captura.
En julio de 2021, el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Reclusorio Norte negó las capturas.
Esta historia continuará.
Al tiempo.
