Por: Nora Merino Escamilla
En 2025 ocurrió algo que no tenía precedente en la historia de México: alrededor de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos fueron a las urnas a elegir a quienes impartirían justicia en su nombre. No a legisladores. No a gobernadores. A juezas, jueces, magistradas y magistrados. Por primera vez, el pueblo tuvo voz directa sobre uno de los poderes que más afecta su vida cotidiana.
Esa jornada fue histórica. Y como toda primera vez, también dejó lecciones.
La reforma que hoy se discute en la Cámara de Diputados no viene a deshacer lo que se construyó en 2024. Viene a perfeccionarlo. Y uno de sus ejes centrales merece explicarse con claridad porque toca un principio fundamental: la elección judicial de 2028 debe ser un ejercicio democrático propio, separado de la lógica y la dinámica de los procesos político-electorales ordinarios.
¿Por qué importa eso?
Porque elegir a un juez no es lo mismo que elegir a un diputado. La naturaleza del cargo es distinta. Un legislador representa una posición política, una plataforma, un partido. Un juzgador representa la ley, la imparcialidad, la aplicación técnica del derecho. Cuando ambas elecciones ocurren en el mismo proceso, con las mismas boletas, en el mismo ambiente político cargado de spots, debates partidistas y campañas, el riesgo es que la ciudadanía termine eligiendo perfiles judiciales con criterios políticos. Y eso contradice exactamente lo que la reforma judicial busca construir.
El calendario también importa. En 2027 coincidirían la renovación de 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y miles de cargos locales — más de 20 mil posiciones en total. Agregar encima la elección de jueces y magistrados en ese mismo proceso habría generado una presión operativa sobre el INE difícilmente sostenible, y habría sepultado la deliberación ciudadana sobre los perfiles judiciales bajo una avalancha de información político-partidista.
Moverlo a 2028 no es un retroceso. Es una decisión de madurez institucional.
La reforma también atiende algo que la primera elección evidenció: la boleta era demasiado compleja. Demasiadas candidaturas, demasiadas especialidades mezcladas, demasiada información para que cualquier ciudadano común pudiera procesarla en la cabina. La nueva propuesta organiza el territorio en distritos electorales judiciales vinculados a especialidades, reduce el número de candidaturas por cargo y simplifica el instrumento. El objetivo es que quien vaya a votar pueda hacerlo con información real, no con una lista inmanejable frente a la que lo único razonable era la confusión.
Hay otro elemento que vale la pena destacar. La reforma eleva a rango constitucional la capacitación permanente de las personas juzgadoras y crea una Comisión Coordinadora de los Comités de Evaluación, para que los estándares de selección de candidaturas sean homogéneos en los tres poderes. Esto ataca uno de los riesgos más señalados del modelo: que cada poder postule perfiles con criterios distintos, abriendo la puerta a la discrecionalidad. Con criterios comunes y metodologías transparentes, la ciudadanía puede confiar más en quienes llegan a la boleta.
Desde esta curul, votaremos a favor de esta reforma porque creemos en lo que inició en 2024 y queremos que funcione bien. Una justicia elegida por el pueblo pero contaminada por la lógica partidista no es el modelo que México necesita. Una justicia elegida por el pueblo, con procesos ordenados, boletas comprensibles y estándares claros de evaluación, sí lo es.
El camino no está terminado. Ninguna transformación profunda se consolida de un solo golpe. Pero cada ajuste que se hace con honestidad sobre lo aprendido es un paso en la dirección correcta.
La justicia le pertenece al pueblo. Ese principio no cambia. Lo que mejora es la manera de ejercerlo.
